Por Guadalupe Martínez Casas *

En Centroamérica y República Dominicana, las leyes actuales contra el lavado de activos y otros delitos relacionados establecen medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades y profesiones financieras no designadas, para prevenir que puedan ser utilizadas y participar directa o indirectamente en el delito de blanqueo de capitales.

Para lograr tal fin, dichas leyes imponen a las empresas, firmas legales, y a los profesionales, como es el caso de abogados y notarios por mencionar sólo algunos, la obligación de reportar determinadas transacciones y de llevar a cabo una debida diligencia de clientes actuales y potenciales.

Las sanciones por incumplimiento a las mencionadas leyes incluyen multas por diversos montos y penas que van de cuatro a 20 años de prisión, de acuerdo con el tipo de actuación de la persona natural o jurídica en los delitos perseguidos, por ejemplo, por haber participado, adquirido algo, ser cómplice o haber otorgado algún tipo de asesoría.

Es importante mencionar que la sanción a través de la legislación en materia de prevención de lavado de activos y otros delitos relacionados recaía anteriormente sólo en los bancos por el constante manejo de capitales en su negocio.

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Sin embargo, al no ser únicamente estas entidades financieras las que manejan dinero, fue necesario controlar también las transacciones que realizan las empresas, las firmas legales, los abogados y los notarios, así como exigirles que tomen medidas para conocer quiénes eran sus clientes, contratistas y proveedores, para contar con el respaldo de toda la información necesaria frente a las autoridades, así como también de manera interna.

Las leyes contra el lavado de activos y otros delitos relacionados son algunas de las normas que todas las empresas, incluidas las firmas legales, deben cumplir de forma obligada.

En este sentido, para un mejor control de su cumplimiento, es aconsejable que todas las normas que les atañen en esta materia sean incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo o de Compliance.

El camino legal

Un plan de este tipo deberá contener las normas al interior de la empresa o firma legal, como pueden ser reglamentos propios, manuales de marca y código de ética. Además, tendrá que observar las normas externas, que de acuerdo con su actividad, industria o sector y jurisdicción donde se encuentren operando, deberá cumplir junto con aquellas normatividades que le exijan las partes privadas o públicas interesadas con las que realice operaciones.

Es importante que el programa diseñe los procedimientos necesarios que aseguren su cumplimiento, supervisión y actualización, y que indique a los responsables de su seguimiento. Asimismo, debe establecer claramente las políticas de actuación que serán necesarias para cumplir con todos los preceptos y directrices que dan base a una compañía y, a la vez, para detectar los riesgos por su incumplimiento y su mitigación inmediata.

La legislación a nivel mundial en Compliance muestra un camino a seguir y lleva a tomar conciencia de que el cumplimiento de toda la normativa interna y externa que deben realizar las empresas, firmas legales y de profesionales, entre otros sujetos, no solamente ordena los procedimientos de las organizaciones, sino que además brinda una mayor seguridad y transparencia al hacer negocios en la región y en todo el mundo al reducir el riesgo de operaciones de lavado de dinero.

*Directora Ejecutiva de Central Law para Centroamérica y Panamá

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