Por Yandira Núñez

Panamá es un suelo de trópico, colores, mar, con una vía de navegación medular como es el Canal, es decir, un hub que tiene tanto de turístico como de multicultural, pero que también está considerado un paraíso fiscal: territorio en el que se crean empresas offshore, cuyo denominador común es la evasión tributaria.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación destapó la profundidad de los negocios de la firma Mossack Fonseca, mediante las revelaciones llamadas Panama Papers, que dan cuenta de cómo sus abogados servían a miles de clientes para utilizar paraísos fiscales que les permitieran ocultar fortunas, iniciando un ciclo que aniquilaría cuatro décadas de actividad del bufete y dando paso a un escándalo con eco internacional que aún hoy resuena.

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El pasado 18 de febrero el Consejo de la Unión Europea (CE) introdujo a Panamá en su ‘lista negra’ de paraísos fiscales, por no cumplir con criterios internacionales de transparencia.

En enero de 2018, el país había sido retirado de esa categoría y llevado a la ‘lista gris’, de la que saldría en marzo de 2019. Sin embargo, el 7 de mayo, la CE incluyó a la nación canalera en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Receptor de inversiones

Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, cree que el país ha adoptado “en tiempo prudencial” recomendaciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con lo cual el sistema bancario está al día en materia normativa y aunque ha habido un impacto en la reputación internacional, “de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panamá es el quinto país de América Latina en canalizar la mayor cantidad de fondos de Inversión Extranjera Directa (IED) y el primero de Centroamérica; también es el único de la región que a lo largo de la última década ha atraído inversiones de forma creciente”, dice.

En 2018, el flujo de la IED en Panamá aumentó en un 21.4% con relación al año anterior, alcanzando los 5,548 millones de dólares (mdd), con un incremento de 979.7 mdd, indican datos de la contraloría.

Por la transparencia

Panamá ha firmado más de 70 acuerdos con países con los cuales intercambia información financiera de manera automática, y según el reporte emitido por la secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los países del G20, en febrero de 2020, es considerado como un país cumplidor de los estándares de transparencia fiscal.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, remarca que “nadie quiere sostener una economía oscura, y en nuestro país no se marcó la personalidad del Estado”.

Para el jurista, las autoridades deben visibilizar al Istmo como un actor con ventajas competitivas, capaz de buscar nuevos aliados: “el país tiene esas credenciales para ponerlas sobre la mesa y garantizar que el tratamiento sea equilibrado” y, al finalizar la crisis del Covid-19, “deberá ser un jugador dispuesto, con una estrategia clara para ampliar las fronteras. Corresponde a las autoridades poner en relieve los escenarios en los que Panamá demuestra ser un socio estratégico”.