EFE.- Los cuerpos de seguridad de El Salvador mantienen un patrón de supuestas ejecuciones extrajudiciales pese al cambio de Gobierno que se dio en junio de 2019, según un informe de varias organizaciones humanitarias presentado este miércoles.

El documento presenta una evaluación del seguimiento dado por el Estado salvadoreño a las recomendaciones hechas por la relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciale, Agnes Callamard, en 2018.

De acuerdo con Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en El Salvador “se siguen observando cifras que indican que hay un patrón de uso excesivo de la fuerza”, esto pese a que los números de supuestos pandilleros muertos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad han disminuido.

Según el informe, “el patrón estatal que lacera gravemente el derecho a la vida o a la integridad personal poco ha cambiado con el nuevo Ejecutivo”.

En los últimos años, investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) han documentado que en estas reyertas se han dado ejecuciones extrajudiciales.

Te puede interesar:Capital de El Salvador, azotada por coronavirus, contará con nuevo hospital

Oficialmente esas muertes, incluso las investigadas penalmente, se han manejado por diferentes Gobiernos como acciones legitimas de policías y soldados ante agresiones armadas por los pandilleros.

La PDDH señaló en 2019 que entre 2014 y 2018 agentes de la Policía supuestamente ejecutaron al menos a 116 personas.

El estudio difundido hoy hace eco de declaraciones del director de la Policía, Mauricio Arriaza, de agosto pasado, en las que señaló que en los primeros tres meses del Gobierno de Nayib Bukele se registraron 70 “enfrentamientos entre policías y presuntos pandilleros” con un número similar de fallecidos.

De acuerdo con el documento, “esta tendencia se confirma” con el seguimiento estadístico hecho por la organización Servicio Social Pasionista Salvadoreño (SSPAS) mediante mecanismos de transparencia.

Los datos reseñados indican que entre junio y diciembre de 2019 se dieron 156 enfrentamientos armados con 43 civiles lesionados y 107 fallecidos.

Cifras oficiales entregadas a Efe por el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, indican que entre enero y finales de mayo de 2020 se dieron 90 enfrentamientos, llamados “agresiones ilegítimas” por el Gobierno.

Estos hechos dejaron 44 pandilleros fallecidos, 29 lesionados y 70 detenidos.

Rivas dijo en una entrevista con Efe que la reducción de los homicidios y las muertes de pandilleros en tiroteos con los cuerpos de seguridad son prueba de que el Gobierno de El Salvador no mantiene una tregua con las “maras”.

“No hay nada en el ambiente que te permita establecer que hay una tregua o un pacto entre el Gobierno con grupos terroristas (pandilla). Lejos de eso, los estamos combatiendo y muestra de ello son los resultados”, sostuvo.

Para Emiliano Rojido, del Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, los “niveles de letalidad policial” en El Salvador se “escapan en magnitud a lo que puede entenderse como un uso razonable de la fuerza letal”.

“En el caso de El Salvador, las alarmas están prendidas. Quiere decir que el número de personas abatidas por las fuerzas de seguridad son muy superiores a lo que cabría esperar en circunstancias normales”, sostuvo durante la presentación del documento.

Sigue la información sobre la economía y el mundo de los negocios en Forbes Centroamérica

GRUPOS DE EXTERMINIO

Por otra parte, el citado informe señala la existencia de “escuadrones de la muerte” o grupos de exterminio en el país, también denunciados por expertos de la ONU, de los que la Fiscalía ha detectado al menos 10 en el último lustro.

Entre los 123 detenidos por supuestamente asesinar a pandilleros como medida de limpieza social, las autoridades han identificado al menos a 33 agentes de la Policía y a nueve miembros del Ejército.

El informe concluye que “es evidente que durante este período el Estado salvadoreño no ha avanzado lo suficiente en su respeto y garantía de los derechos humanos, sobre todo aquellos vinculados con la esfera de seguridad pública”.

“El cambio de Gobierno en 2019 no mejoró las dinámicas ni los patrones de actuación de las instituciones estatales que tienen responsabilidad en la tutela de derechos humanos”, sostienen las organizaciones.

También apuntan a que “la poca o nula implementación de las disposiciones emitidas por la relatora se atribuyen al desinterés estatal y al enfoque represivo punitivo exacerbado de las actuales políticas de seguridad”.

En febrero de 2018, Callamard denunció la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, por lo que pidió al Gobierno “esfuerzos más serios” para eliminar esta lacra.

“Estoy hablando de un patrón de conducta que llega a ser de ejecuciones extrajudiciales y de abuso de fuerza”, subrayó en una conferencia.