Por Jeraldine del Cid*

Recién termina el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQA+ y en Centroamérica, a pesar de los pesares, hay un triunfo qué seguir celebrando. Costa Rica ha dejado firme otro de los pilares que enriquecen la tradición democrática que ha caracterizado a este país centroamericano. Ha decidido fortalecer el Estado de derecho, respetando su compromiso con los derechos humanos, legalizando así, el matrimonio igualitario.

Estamos hablando de un país que sostenidamente ha optado por fortalecer su democracia. Desde el momento en que optó por abolir al ejército, pasando por limitar los poderes de quien esté al frente de la presidencia, así como el fortalecimiento a otros poderes fundamentales del Estado, como el Organismo Judicial y la autoridad electoral. Hoy se posiciona decididamente en garantizar los derechos humanos.

Lo opuesto a lo que, en el país del otro extremo del Istmo, ocurre contra el titular de Derechos Humanos desde el Poder Legislativo de Guatemala por haber manifestado su apoyo a la comunidad de la diversidad con el símbolo de la bandera del orgullo en su logo.

Sin duda alguna el logro de Costa Rica parece excepcional, puesto que ofrece una bocanada de democracia en la región, frente a diversos ejemplos y más en un contexto de pandemia, en que se exacerban los sesgos autoritarios, retrógrados y conservadores de los países vecinos. Ha dado un ejemplo de inclusión social y defensa del Estado de derecho, aplicando además las recomendaciones de la CIDH.

Esta decisión es aún más ejemplar porque se mantiene firme incluso contraviniendo a los gustos de la mayoría, ya que, en concordancia con la tendencia de la región, en este país es un porcentaje minoritario el que apoya este tipo de decisiones. Específicamente hablamos de 1/3 en el caso costarricense. No obstante, los pesos y contrapesos del país mantuvieron su posición acorde a su tradicional modelo de inclusión social.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ratificó la decisión en cumplimiento a que la constitución establece que los tratados internacionales, particularmente los de derechos humanos, están por encima de las leyes nacionales. De manera que el matrimonio igualitario está vigente ya en este país, marcando una pauta ejemplar para el resto de la región.

*Profesora e investigadora de Flacso México

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