EFE.- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) expresó este miércoles su preocupación por una denuncia por calumnia interpuesta contra la periodista Kalua Salazar, de la emisora La Costeñísima, crítica con el Gobierno de Daniel Ortega.

“A PCIN le preocupa que este caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de Radio La Costeñísima, la cual se ha intensificado en los últimos meses”, señaló esa organización gremial, en un pronunciamiento.

Tres trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, gobernada por los sandinistas, acusaron por la vía judicial a Salazar, que es jefa de prensa de La Costeñísima, por haberlas mencionado en un reportaje sobre malversación de fondos públicos.

La acusación fue interpuesta por los abogados de Julia Elena Zeledón, Shamia Ruiz Castillo y Griselda Centeno, en el Juzgado Local Penal de Bluefields, circunscripción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

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El PCIN observó que el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación y al ejercicio de aclaración o réplica cuando se sientan afectados en su honor, reputación e imagen por la difusión de contenido informativo.

“Tenemos la certeza que en radio La Costeñísima hay micrófono abierto para hacer uso de este derecho”, consideró ese gremio, que expresó su solidaridad con la periodista, a quien acompañarán en el proceso.

DEMANDAN CESE DE AGRESIONES Y VIGILANCIA

Salazar, de 25 años, dijo a EFE que esa acusación judicial “tiene un claro objetivo, y es tratar de intimidar, acosar, meter en miedo al personal de La Costeñísima”.

“Buscan cerrarla, porque no quieren que haya una radio que esté al lado del pueblo, quieren que sólo haya radios oficialistas, pero somos un medio independiente, siempre estaremos al lado de las denuncias del pueblo”, señaló la periodista.

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Recordó que el fundador y director de La Costeñísima, Sergio León, también fue un periodista crítico del Gobierno que recibió acusaciones, así como asedio de la Policía y de los militantes sandinistas hasta el día de su muerte, el 14 de junio pasado.

Al momento de fallecer, León, de 52 años, estaba citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) para responder a una solicitud de supuesta calumnia, el mismo delito que se le atribuyen a Salazar.

El PCIN demandó el cese de las agresiones, vigilancia, hostigamientos, persecuciones y amenazas sistemáticas contra La Costeñísima y su personal.

Según la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los ataques contra periodistas independientes, que proliferaron a raíz de las protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, volvieron a recrudecer en julio pasado, cuando se registraron 30 en un solo mes, en comparación con los 52 reportados en los tres meses anteriores.

El PCIN, por su lado, informó de 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información, entre marzo y julio pasados.

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