EFE.- La designación del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, para estudiar y plantear una reforma constitucional generó este miércoles desconfianza entre analistas, principalmente por la relación espinosa que mantiene el presidente, Nayib Bukele, con los órganos Legislativo y Judicial, a los que ha acusado de retirarle poderes.

Efe constató el martes en el archivo digital del Diario Oficial, cuyas publicaciones son el último paso para la entrada en vigor de leyes y decretos, que Bukele designó a Ulloa para liderar esta reforma constitucional, de la que no se tiene claridad.

“Da malas señales este tema de reformas constitucionales, dado el carácter autoritario y de irrespeto a la Constitución que ha tenido el presidente de la República”, dijo a Efe el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

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Señaló que “lo que se podría pensar es que una reforma no va a ir dirigida a mejorar el Estado, a mejorar el ejercicio de los derechos” y que “lo que puede buscar es debilitar los controles, la participación de los órganos de Estado en la toma de decisiones”.

OTRAS VÍAS PARA LA REELECCIÓN INMEDIATA

El letrado, que se mostró preocupado, no descartó que el mandatario pretenda reformar la Constitución para buscar la reelección inmediata e indefinida, pero recordó que la Carta Magna tiene un “seguro” en la alternancia del ejercicio en el poder Ejecutivo que “no se puede reformar”.

No obstante, señaló que esta cláusula pétrea no se puede modificar a la luz del mecanismo que estipula la actual Constitución y en “otras vías de reforma”, como promulgar una nueva Carta Magna en la que se pude “cambiar prácticamente todo”.

La Carta Magna señala que “no podrán reformarse en ningún caso” los artículos relacionados con la forma y sistema de Gobierno, el territorio de la República y la “alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

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Actualmente, en El Salvador un presidente no puede reelegirse inmediatamente, sino que debe esperar que pasen al menos dos periodos presidenciales (10 años), según un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

Por su parte, Abraham Ábrego, de la organización humanitaria Cristosal, señaló que cualquier proceso de discusión de reformas constitucionales debe contar con una discusión amplia con “todas las fuerzas y sectores sociales” para evitar que se presente una iniciativa que pueda “atentar contra los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Obviamente surgen las preocupaciones del contenido de esas reformas”, manifestó a Efe.

LOS OTROS ÓRGANOS DE ESTADO Y CONCENTRACIÓN DEL PODER

La relación escabrosa que el mandatario salvadoreño ha mantenido con el órgano Legislativo y Judicial, principalmente durante la pandemia de la COVID-19, es uno de los factores que genera desconfianza.

En diferentes ocasiones Bukele acusó a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de restarle facultades para la atención de la pandemia.

Entre los episodios que más preocupación han generado, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentra el ingreso del mandatario al Congreso el pasado 9 de febrero acompañado de policías y soldados armados con fusiles de guerra para simular una sesión, orar y encontrarse con sus seguidores que, afuera del recinto legislativo, gritaban “¡insurrección!”.

“Toda reforma que pretenda el Gobierno lo que busca es concentrar el poder, sacando de la toma de decisiones al resto de órganos y suprimiendo algunos controles. Esa es sin duda la intención”, sostuvo Escobar.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele habla de una reforma constitucional, dado que a finales de junio pasado Ulloa dijo en una entrevista televisiva que existe una “parte orgánica de la Constitución que es la que nosotros creemos que hay que revisar”.

Entre ellas, sostuvo Ulloa, se encuentra la relación entre órganos del Estado para establecer una “armonía”.

Efe ha solicitado, antes de conocerse este nombramiento, en al menos dos ocasiones entrevistar a Ulloa para conocer detalles sobre la revisión a la “parte orgánica de la Constitución”, pero hasta el momento no se ha brindado una respuesta.