EFE.- Representantes de pueblos indígenas de Honduras, empresarios y expertos demandaron este lunes al Estado reglamentar y aplicar las consultas populares a ese grupo étnico sobre proyectos para proteger sus derechos y no poner en riesgo la inversión extranjera.

En un foro virtual celebrado en Tegucigalpa sobre esta norma, auspiciado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), activistas del medioambiente y expertos enfatizaron la necesidad de aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recoge los derechos de los pueblos indígenas.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, dijo que es necesario que el país centroamericano reglamente la consulta previa a los pueblos indígenas para que las empresas puedan operar sin problemas a la hora de desarrollar proyectos.

“Que este valido el Convenio porque se ratificó por el Gobierno de Honduras es otras cosas, pero si yo voy hacer un proyecto, debo saber si la comunidad es indígena o no, para ver si se aplica la consulta en base al Convenio 169 o no”, señaló.

Reglas claras 

García aseguró que los empresarios necesitan estar “claros a quienes les va a consultar, qué mecanismo de consulta se seguirá, cómo se van a levantar las actas, todo esto se requiere si queremos hacer una consulta de verdad”.

El líder empresarial aseguró que desde el punto filosófico el Convenio 169 se puede aplicar sin un reglamento, pero en “la práctica no se podrá hacer”.

Destacó la importancia de aprobar una Ley de consulta previa “clara” y que todos los sectores la conozcan para que “se haga el proceso y pueda tener una participación masiva”.

Te recomendamos: El costo para el turismo de reuniones crecerá hasta 35% por medidas anti-COVID

La ley permitirá además “dar claridad a las comunidades, pueblos indígenas y a los inversionistas”, subrayó el presidente ejecutivo de la ANDI.

Obligación del estado

Leonardo Alvarado, experto y consultor en derechos de los pueblos indígenas, dijo que la consulta previa es “una obligación” del Estado para validar procesos que cumplan con los requisitos del Convenio 169.

Alvarado discrepó con García y aseguró que el país no necesita una ley para aplicar el Convenio 169 que recoge los derechos de los pueblos indígenas.

“Estas son obligaciones que ya existen para el Estado, la OIT ha aclarado que no se necesita una ley para implementar las obligaciones que ya derivan del Convenio, es obligatorio para el Estado aplicar la consulta previa en casos concretos”, explicó.

El experto indicó que la consulta debe ser “previa, libre, de buena fe y sin coerción de los liderazgos indígenas” y, además, abordar el impacto sobre el territorio, la cultura, sitios sagrados y otros derechos que puedan ser afectados.

“Se han tomado decisiones que han repercutido y afectado los derechos y la vida (de los indígenas) sin ningún niel de participación en esas decisiones”, por lo que el Convenio 169 busca “revertir patrones” que perjudican a esos grupos étnicos, enfatizó.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT fue adoptado por los estados miembros de la Organización en 1989 y hasta ahora ha sido ratificado por veintidós países, quince de ellos latinoamericanos.

Falta voluntad 

Por su parte, Félix Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), en el país “no hay voluntad” del Gobierno para reglamentar el Convenio 169 de la OIT, cuyo elemento más polémico de aplicar es el proceso de consulta previa.

Denunció que el Instituto Nacional Agrario a “hecho una tremenda estafa jurídica” a los pueblos indígenas con relación a la limitación de los territorios ancestrales.

“Hemos tenido serios problemas con inversionistas y terceras personas que creen que pueden ir a invadir los territorios de los pueblos indígenas”, subrayó Valentín, quien destacó que es “obligación” del Estado aplicar la consulta previa, libre e informada. 

Comunidades indígenas han expresado su rechazo a la discusión en el Parlamento de Honduras de un anteproyecto de ley de consulta previa que, según ellos, pretende impulsar cada vez más la actividad extractiva de recursos por parte de multinacionales. 

Te recomendamos: La lucha contra la desigualdad en la era de la COVID-19