EFE.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este miércoles que el Gobierno incumplió una medida cautelar que prohibía exigir una prueba negativa de Covid-19 a las personas que quieran ingresar al país, por lo que ordenó a la Fiscalía investigar a los funcionarios vinculados y los delitos supuestamente cometidos.

“Esa institución (la Fiscalía) deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados” por los posibles delitos de “desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros” relacionados con el incumplimiento de la medida cautelar, indica el fallo.

El Ejecutivo de Nayib Bukele advirtió, antes de reabrir su aeropuerto el pasado 19 de agosto, que los salvadoreños y extranjeros que no presentaran la referida prueba con resultado negativo serían declarados “inadmisibles”.

Posteriormente, ante la medida cautelar dictada por los jueces constitucionales, se trasladó a las aerolíneas la responsabilidad de exigir la prueba. 

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Para los jueces constitucionales, “es bastante claro” que la orden girada a las aerolíneas “es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir” su responsabilidad para “sortear la resolución judicial”, incluso con una “amenaza de una sanción económica por su incumplimiento”.

“La operación descrita consistió en un subterfugio que erosiona el Estado de Derecho y, en la práctica, produjo el efecto de configurar de facto una prohibición de ingreso al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba”, añadieron los juzgadores.

Ningún funcionario está obligado a cumplir una orden ilegal

También señalaron que “ninguna autoridad, funcionario o empleado está obligado a cumplir una orden de un superior cuando dicha orden es ilegal” y remarcaron que es ilegal mandar a funcionarios inferiores o empleados a que “no se cumplan las órdenes judiciales”.

El presidente Bukele reaccionó desde su cuenta de Twitter y acusó a los magistrados de violar el derecho a la salud de los salvadoreños.

“Los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala. Habrá que certificarle eso al fiscal, Raúl Melara, también. Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas”, publicó el mandatario.

Casi una veintena de jueces y magistrados de diversas instancias de El Salvador denunciaron el martes ante un relator de las Naciones Unidas las “graves violaciones a la independencia judicial” atribuidas a funcionarios del Gobierno y “especialmente” al jefe del Estado salvadoreño.

Los jueces señalaron en una carta dirigida al relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, la “constante desobediencia, incitación agresiva y amenazas contra los miembros de la Sala de lo Constitucional” de la CSJ.

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