EFE.- Una jueza de Nicaragua encontró culpable este miércoles por el delito de calumnias a una periodista crítica del Gobierno durante un juicio promovido por tres trabajadoras de una alcaldía sandinista, partido que lidera el presidente Daniel Ortega.

La titular del Juzgado Penal de Bluefields (Costa Caribe), Deyanira Traña, declaró culpable por calumnias a la periodista Kalua Salazar, directora de prensa de la emisora La Costeñísima, quien en agosto pasado cubrió la denuncia de un supuesto caso de corrupción en la Alcaldía de El Rama (sureste), gobernada por los sandinistas.

“Esto para mí es injusto porque nosotros, como medio de comunicación, le hemos abierto los micrófonos a muchas personas que quieren poner su denuncia pública, y eso es lo que a nosotros nos compete. Sin embargo, estas ciudadanas de El Rama están demandándome a mí, como si nosotros, como La Costeñísima, o en mi caso, dijimos algo de ellas”, sostuvo Salazar al salir del Complejo Judicial de Bluefields.

La sentencia se dio en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, en la que se han violado las libertades de prensa e información, según organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales.

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El abogado de la periodista, Boanerges Fornos, explicó que, a pesar de que “el delito no fue demostrado”, el resultado “era algo esperado”, por lo que iniciará un proceso de apelación.

“Hubo parcialización porque en los alegatos mi abogado pudo demostrar (con el podcast) que yo como persona, como Kalua Salazar, no dije nada, fue una denuncia pública de un poblador de El Rama. Hay una parcialización de la justicia. No estoy conforme con la pena”, sostuvo la comunicadora.

Salazar ahora estará pendiente del llamado de la jueza Traña, que podría imponer pena de entre 120 y 300 días multa, que salen del cálculo de ingresos del inculpado.

Periodismo no oficialista

La línea de periodismo no oficialista ya le había traído problemas a La Costeñísima, según recordó Salazar, puesto que el fundador y director de la radioemisora, Sergio León, sufrió asedio y amenazas de la Policía, militantes sandinistas y autoridades nacionales antes de morir por síntomas de COVID-19.

Al momento de fallecer, León, de 52 años, estaba citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) para responder a una solicitud de supuesta calumnia, el mismo delito atribuido a Salazar.

El pasado día 17 la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro alertó sobre una “ola represiva” en procesos judiciales contra periodistas independientes.

Al menos cuatro comunicadores no oficialistas tienen procesos judiciales en su contra, mientras que un conocido canal de televisión está en proceso de embargo, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)

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