EFE.- Cuba rechazó una nueva sanción de Estados Unidos anunciada este lunes que incluye a la empresa de remesas de la isla American International Services (AIS) en la “lista negra” de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido efectuar transacciones.

“Nuevas medidas del Gobierno de EE.UU. contra Cuba recrudecen el bloqueo para intentar manipular a los electores de la Florida“, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter, poco después del anuncio de la medida.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, informó a través de un comunicado de que su departamento añadirá a AIS, cuya compañía matriz es Fincimex, a la Lista Restringida de Cuba, medida que se hará efectiva desde mañana martes.

Pompeo dijo que se trata de “una institución financiera controlada por el Ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano” y se beneficia “desproporcionadamente” con las ganancias originadas por esas operaciones, para ahondar la represión y financiar la intromisión de la isla en Venezuela.

“Rechazo declaraciones del Secretario Pompeo”, respondió el canciller cubano y afirmó que es una “maniobra dirigida a dañar al pueblo cubano y los lazos de las familias en ambas naciones”.

AIS es un sistema de envío de remesas a Cuba desde el exterior a través de dos tipos de tarjetas que se “recargan” con dinero desde el exterior para que los destinatarios puedan recibirlo en la isla y también realizar pagos en comercios, gasolineras y otros establecimientos del país.

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AIS en la “lista negra”

El Departamento de Estado asegura que también incluyó en junio a la firma matriz de AIS, Fincimex, en la “lista negra”, pero hasta el momento esa firma no aparece en el listado actualizado del Departamento del Tesoro.

Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y, en el caso de Western Union, ese socio es desde 2016 Fincimex, que también procesa en la isla las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard, así como una parte de los pagos de Airbnb a sus anfitriones cubanos.

La inclusión de AIS en la “lista negra” llega pocos días después de que la Administración estadounidense anunciara nuevas sanciones que prohíben a sus ciudadanos alojarse en los hoteles de la isla, todos estatales, así como comprar tabaco o alcohol cubanos para llevarlos a Estados Unidos.

Junto con esas medidas, anunciadas el pasado 23 de septiembre, EE.UU. también amplió las restricciones de viaje a Cuba, donde el turismo de los estadounidenses ya está prohibido, al eliminar la autorización que permitía a sus ciudadanos “asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba”, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales, bajo petición.

A medida que se acercan las elecciones del 3 de noviembre, en las que busca un segundo mandato y quiere retener el favor de los estadounidenses de origen cubano en el estado clave de Florida, Trump ha endurecido su discurso hacia La Habana, aunque el retorno a la política hostil hacia la isla comenzó desde su llegada la Casa Blanca en 2017.

Apuros económicos


A lo largo de estos cuatro años, y especialmente en los dos últimos, la Administración estadounidense ha dado marcha atrás en el “deshielo” promovido por Obama e incrementado las sanciones con el objetivo de dañar la ya deteriorada economía de la isla y las miras puestas en sectores estratégicos para las arcas estatales como el turismo, las remesas o las misiones médicas.

La prohibición de los cruceros y el veto a los vuelos desde EE.UU. a todos los aeropuertos cubanos excepto el de La Habana han sido algunas de las medidas más duras tomadas por Washington.

Cuba atraviesa serios apuros económicos en este momento, reflejados en una creciente escasez de alimentos y productos básicos, ya que la pandemia obligó al país a cerrar sus fronteras al turismo desde abril pasado.

Este parón turístico agravó la crisis que ya arrastraba la isla debido al embargo y las sanciones anteriores, la reducción de la ayuda venezolana y el retraso en la aplicación de reformas para paliar las ineficiencias de su sistema centralizado. 

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