EFE.- La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó este jueves su preocupación por los “repetidos intentos” inconsultos por modificar las normas del Sistema Bancario Nacional (SBN), y advirtió de que esto podría tener un “impacto profundo” en la actividad y competitividad del país.

“Atentar contra una de las principales fortalezas de la economía panameña tendrá impactos profundos no solo en la actividad bancaria y en la competitividad del país, sino especialmente en sectores críticos para nuestra economía, y como consecuencia de ello en la vida y las expectativas reales de crecimiento de los panameños”, afirmó el gremio bancario.

Lo dicho por la ABP, que representa y defiende la actividad bancaria en el país, está recogido en un pronunciamiento público que señala que estas iniciativas “sin consulta y ni sustento técnico” buscan cambiar el marco jurídico del SBN adoptado hace 22 años.

Este marco jurídico “es un patrimonio del país y fue producto de un arduo proceso de estudio y consenso, respaldado con criterios técnicos a partir del objetivo de convertir a Panamá en modelo de crecimiento”, indicó el gremio bancario.

Aún así, la ABP manifestó que “no tiene ningún inconveniente en analizar y considerar propuestas para fortalecer dicho marco jurídico en función de las nuevas necesidades del país”, afectado severamente por la pandemia de la COVID-19.

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El pronunciamiento de la Asociación Bancaria, que no identifica ninguna acción o propuesta de cambio en particular, se produce luego de que la diputada oficialista Zulay Rodríguez presentara ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) un anteproyecto de ley que busca regular las tasas de interés en las tarjetas de crédito.

El anteproyecto modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de control a las tasas de intereses fijadas a todas las modalidades de prestamos y créditos otorgados por bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito.

La diputada propone “controlar y establecer un tope” a las tarifas de intereses que cobran las instituciones bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas de crédito a sus cuentahabientes o clientes, que considera “las más altas de la región”.

La normativa en Panamá permite que los préstamos hipotecarios vayan en un rango de intereses de un 7,5 % hasta un 15 % o más, y que en tarjetas de crédito sean de entre 19,75 % y hasta un 28 %, señala Rodríguez en la exposición de motivos del anteproyecto.

En contraposición, según la parlamentaria, “los que confían en los bancos depositado sus dineros en los mismos, para que éstos lo presten y financien a sus clientes, reciben tasas de intereses por sus cuentas de ahorro entre un 0,25 % hasta un 3 % máximo de interés anual”.

A su vez, la ABP destaca en su pronunciamiento que en los últimos 20 años los préstamos de la SBP crecieron de 17,9 mil millones de dólares en 1998 a 67 mil millones en 2020, con un aumento de 375 %, y ayudaron a personas, productores y organizaciones a sacar adelante sus proyectos “apalancados en la oferta y posibilidades de un sistema bancario robusto”.

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Añade que como resultado de ello, esas personas y organizaciones “multiplicaron cuatro veces sus depósitos” en el SBN, pasando de 19,7 mil millones en 1998 a 79,7 mil millones de dólares en junio de 2020. En su mayoría estos depósitos son de pequeños ahorristas.