Por Rafael Capristán

María es una mujer peruana de 32 años, es trabajadora, mamá de José y Juan, y desde hace un par de semanas es viuda, pues perdió a su esposo Carlos en un siniestro de tránsito. Según fuentes policiales, el resultado del choque no se pudo evitar por la excesiva velocidad del automóvil, que ocasionó que el conductor del automóvil arrastrara la motocicleta, en la que se movilizaba Carlos, varios metros al momento de frenar[1]. La historia de María es más común de lo que se cree, en Perú durante el 2019 murieron 8 personas en promedio y hubo más de 175 personas lesionadas cada día, que deja a muchas familias afectadas e implica grandes pérdidas económicas; así como, pérdidas sociales incalculables.  Pero no se trata de números o estadísticas, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron truncadas sus vidas a causa de un siniestro de tránsito que se pudo evitar. La responsabilidad es de todos, por eso es importante aunar esfuerzos entre el sector público, el sector privado y la sociedad en general para evitar más historias como la de María.

Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes por siniestros de tránsito siguen aumentando cada año, alcanzando a 1.35 millones de personas.

Además, esta es la primera causa de muerte de niños de 5 a 14 años y jóvenes entre los 15 y los 29 años y la octava causa principal de muertes para todos los grupos de edad, superando las causas de VIH, tuberculosis y enfermedades diarreicas. Sin embargo, la diferencia radica en que la inseguridad vial es un problema de salud pública a nivel internacional, que no es abordado de manera integral por las autoridades que deben desarrollar estrategias para su prevención que finalmente sería su cura. 

Cada año en la región de América Latina y el Caribe, los siniestros de tránsito se cobran más de 110.000 vidas, que en la práctica significa que conducir un auto, bicicleta, moto o simplemente caminar, se considera una actividad de alto riesgo.

Para ver un caso más concreto, analicemos los datos en Perú, en donde según la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la tasa de mortalidad en Perú por siniestros viales para el año 2019 fue de 9,6[2] por 100.000 habitantes. Este valor, comparado con otros países de la región (Argentina 16.5Uruguay 12.0 y Chile 8.5) demuestra que Perú no presenta una situación grave, sin embargo, sigue siendo una realidad trágica que cobra la vida de miles de peruanos, y que ante la ausencia de acciones podría ser una constante difícil de cambiar.

La experiencia internacional ha demostrado que existen factores de riesgo que contribuyen a la ocurrencia de siniestros y a su vez, que la implementación de proyectos y políticas estratégicas mitigan dichos factores para reducir la frecuencia de estos. Es por eso que, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha venido apoyando a la Dirección de Seguridad Vial del MTC en desarrollar acciones puntuales que promuevan la seguridad vial en el marco de un plan de trabajo desde tres perspectivas:

1. Prevención de siniestros viales por medio de acciones que apoyen a preservar la vida como:

  1. reducción de límites de velocidad, en donde se actualizará la normativa para reducir los límites en áreas urbanas
  2. desarrollo e implementación de Planes de Visión Cero en diferentes ciudades peruanas
  3. auditorías e inspecciones de seguridad vial, ambos elementos deben ser una práctica común y necesaria en los proyectos de diseño y gestión vial
  4. entornos seguros en escuelas. Acciones que buscan transformar el entorno para generar espacios seguros para los niños peruanos, en conjunto con el Ministerio de Educación, con el apoyo de las municipalidades y la iniciativa de las mismas escuelas.

2. Mitigar el impacto ante el siniestro por medio de acciones como:

1. actualizar la normativa relacionada al uso del casco para motociclistas, para garantizar elementos de calidad y que brinden la seguridad requerida a las personas

2. adoptar un sistema de información de seguridad vehicular mediante el sistema de etiquetado de Latin NCAP. Este brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos del mercado

3. actualizar el Reglamento Nacional de Vehiculos para incorporar elementos de seguridad vial.

3. Atención del siniestro vial:

Se debe contar con la normativa actualizada sobre el seguro obligatorio contra siniestros de tránsito y seguros vehiculares, en el plan de trabajo del MTC.

Además, es fundamental contar con datos que se puedan analizar a profundidad y conocer las causas de los siniestros, para así poder formular estrategias acertada. El MTC consolida fuentes de información de los siniestros con el Formato Único de Accidentes de Tránsito, junto a la Policía Nacional de Perú. También desarrolla los sistemas tecnológicos necesarios. La intención es implementar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en donde se pueda consultar datos actualizados y centralizados.  

Todo lo anterior demuestra un plan de trabajo amplio y ambicioso. No solo del MTC, sino de todas las entidades estratégicas que intervienen en la materia, esto sin duda es un avance. También demuestra la importante decisión del MTC de abordar de manera significativa, la inseguridad vial del país. No solo depende del sector público reducir los siniestros de tránsito. Hay que seguir generando conciencia ciudadana, pues el trabajo y el compromiso debe ser de todos y todas para evitar historias como la de María. Este es el primer blog de una serie de 5 blogs que se estarán publicando sobre los avances de seguridad vial en Perú.