Por Esteban Jorge Giudici *

La naturaleza altamente contagiosa y letal del COVID-19 ha desafiado a los gobiernos de todo el mundo a implementar rápidamente medidas de “distanciamiento social“, así como la prohibición de algunas actividades y el consumo de ciertos productos, como el alcohol, lo que ha detonado el mercado ilícito.  

Ninguna de estas disposiciones se ha implementado con garantías de éxito, y en muchas ocasiones, sin comprender acabadamente las consecuencias negativas que estas podrían acarrear en otros aspectos de la vida y el comercio.

Tal es el caso de la imposición de varias restricciones a la producción y / o consumo de alcohol en varios países latinoamericanos, que ya eran vulnerables al comercio ilícito, y que dichas medidas pudiesen impulsar la actividad criminal.

En particular, donde los gobiernos impusieron prohibiciones estrictas hubo un considerable aumento de los mercados ilícitos. Esta situación coadyuvó al fortalecimiento de varios grupos criminales dedicados a esta actividad y, expuso a los consumidores a los riesgos para la salud que el consumo de alcohol ilícito importa.

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Más de un ejemplo

Un reciente ejemplo de estas políticas apresuradas es el resurgimiento del proyecto de ley N ° 20.961 en Costa Rica, que introduce un nuevo esquema de timbres fiscales (impuestos) que busca combatir el crecimiento del mercado ilícito en el país con medidas que no han resultado exitosas.

En septiembre de 2019, ya se había desaconsejado la implementación de la ley de timbre fiscal sin que medie un previo análisis de costo-beneficio adecuado en 2019. Sin embargo, la nueva versión del anteproyecto no prevé una evaluación de su eficiencia, costo para los contribuyentes o impacto en los consumidores, el crecimiento económico y la actividad criminal.

En un reporte recientemente lanzado por TRACIT sobre alcohol ilícito en Costa Rica presentamos varios ejemplos relativos a la introducción de nuevos esquemas de timbres fiscales en otros países, los cuales fueron muy costosos y poco eficientes.

Entre los casos prácticos se encuentra uno del Servicio de Impuestos Internos de Ecuador, que introdujo un sistema de timbres fiscales que fue rápidamente abandonado después de determinar que costaba a los contribuyentes tres veces más que los ingresos que generaba.

El informe también incluye el análisis de una situación similar en Mozambique, donde el régimen de timbre de control fue introducido por la Autoridad Fiscal de ese país. Desafortunadamente, el régimen no ha ayudado mucho a disuadir el comercio ilícito de alcohol, que aumentó del 60% al 73% en los últimos cuatro años.

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Otras medidas

Teniendo en cuenta las cantidades y el tipo de comercio ilícito de bebidas alcohólicas que prevalece en Costa Rica, la implementación de estas medidas tendrá poco impacto en el control del mayor problema del alcohol ilícito que ingresa al país, el contrabando, el cual lógicamente no estará sujeto al programa de timbres propuesto por la nueva ley.

Un enfoque apropiado para mitigar el impacto del comercio ilícito sería la implementación de una cartera de medidas regulatorias cuya efectividad ha sido confirmada a lo largo del tiempo.

Dentro de estas medidas se encuentra el aumento de sanciones a los actores que abastecen a los mercados con falsificaciones y contrabando, la creación de asociaciones público-privadas para proteger la integridad de los productos y las cadenas de suministro, la concientización de los consumidores sobre los daños del alcohol ilícito, entre otras.

Los responsables políticos también deberían focalizarse en el desarrollo de estrategias criminales dirigidas a investigar las bases del comercio ilícito, incluyendo la confiscación del producto del crimen y el otorgamiento de recursos necesarios para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden llevar a cabo sus funciones.

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Por lo tanto, instamos a los funcionarios gubernamentales y a los sectores industriales, a evaluar las consecuencias no deseadas que podrían generar más costos que ingresos y pueden impulsar inadvertidamente el comercio ilícito de alcohol en Centroamérica.

* Dr. Esteban Jorge Giudici, Analista Senior de Políticas de la Alianza Transnacional Para Combatir al Comercio Ilícito (TRACIT)