EFE.- La Coalición Anticorrupción de Honduras denunció este martes en un informe la “opacidad administrativa” del Gobierno con relación a las compras que está haciendo para combatir la pandemia de la covid-19, que han dejado un perjuicio económico de 48,7 millones de dólares.

El informe titulado “Corrupción, Discreción y Opacidad: La normalidad en las compras públicas de la covid-19 en Honduras” señala que en las adquisiciones que han realizado Inversión Estratégica del país (Invest-H) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se han identificado “al menos 50 irregularidades”.

“Estos actos de corrupción que han puesto en riesgo la salud, la vida y la economía de la población, dejan un perjuicio económico superior a los 1.200 millones de lempiras (48,7 millones de dólares), que equivalen al 56 % de los fondos ejecutados por Invest-H y Copeco en solo seis meses de la pandemia, del 18 de marzo al 25 de septiembre”, destaca el documento.

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COMPRAS SOBREVALORADAS

El economista y coordinador del informe, Alejandro Kafatti, aseguró a Efe que existe “sobrevaloración” en las compras de emergencia que realizaron Invest-H y el organismo de protección civil para enfrentar la covid-19.

Señaló que la sobrevaloración se hizo en la compra de siete hospitales móviles en Turquía, equipo médico y de protección personal, medicamentos y mejoras a infraestructura de salud.

“Evidentemente hay mucha opacidad, se cambió la ley de contratación del Estado por una estrategia aprobada por el Congreso Nacional y el poder Ejecutivo, donde se cambiaron las instituciones al frente de la emergencia y los veedores de esas instituciones por unos inexpertos”, subrayó.

Kafatti indicó que además “no hay información oportuna, veraz ni pertinente” para que la sociedad civil pueda realizar una veeduría real de las compras de emergencia por la pandemia.

MANEJO DE PANDEMIA CON “MENOS TRANSPARENCIA”

Sobre el manejo de la pandemia en Honduras, el economista dijo que ha sido denunciada internacionalmente como una de las gestiones “con menos transparencia y más opacidad”.

“Han seguido operando redes de corrupción a tal sentido que se han transformado en un sistema tripartito conformado por el político común, la empresa privada y los operadores de justicia, quienes drenan anualmente más de 65.000 millones de lempiras (2.637 millones de dólares) y que no dejaron de operar en medio de la emergencia”, enfatizó.

Aseguró que el mal manejo de la pandemia ha puesto en evidencia el “debilitamiento” de los operadores de justicia, pues el Ministerio Público no ha sido un ente contralor “activo y eficiente” durante la emergencia y, además, no ha denunciado los actos de corrupción.

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En el proceso ha habido “lentitud y opacidad (…) hay una lentitud en el manejo de la corrupción, una complicidad entre las elites políticas y económicas corruptas donde se han beneficiado empresas sin tener la experiencia necesaria para gestionar las compras de emergencia”, agregó.

El estudio de la Coalición, que aglutina a una veintena de organizaciones, señala que durante la emergencia las redes de corrupción aprovechan “los vacíos legales para incumplir los requisitos de la Ley de Contratación del Estado” y se “benefician de las deficiencias de las políticas administrativas para manejar los programas sociales con fines políticos”.

“COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS”

La coordinadora de la Coalición Anticorrupción, Fátima Mena, dijo a Efe que le preocupa que en las compras “fraudulentas” se ha identificado “la complicidad de funcionarios” que utilizan a familiares para hacer contrataciones irregulares con el Estado.

“La utilización de recursos para atender (la) salud están siendo utilizados para cometer actos de corrupción y enriquecer a particulares”, subrayó.

El Estado sigue generando herramientas “de blindaje para la elite política-económica corrupta”, enfatizó Mena, exdiputada por el Partido Anticorrupción (PAC).

La institucionalidad pública “es cómplice de estas elites y lo único a lo que se han dedicado es a generar protección y blindaje, y no hay voluntad de desarticulación”, aseguró.

La Coalición instó al Gobierno a elaborar políticas para combatir la corrupción, despolitizar la toma de decisiones, descentralizar las transferencias monetarias y ampliar las facultades del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas para investigar “la ruta del dinero dudoso”.

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