EFE.- Las mujeres corren el riesgo de sufrir más violencia que los hombres en las comunidades de Colombia, Perú, Guatemala y Honduras donde se instalan empresas que extraen recursos naturales y los Gobiernos de estos países deben ahondar en las medidas que las protegen.

Así se desprende del informe “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a los impactos diferenciados en las mujeres” presentado este martes en línea por las organizaciones ambientales Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El estudio analiza los casos de Colombia, Perú, Guatemala y Honduras, elegidos porque su economía depende en gran parte de actividades extractivas y por tener un alto índice de personas defensoras de la tierra y el medioambiente afectadas por proyectos empresariales de este tipo.

VIOLENCIA FÍSICA POR TRABAJADORES FORÁNEOS

Cristina Blanco, investigadora de la DPLF y autora del informe, reiteró en la presentación que las actividades extractivas impactan sobre todo a las mujeres indígenas y rurales y las defensoras medioambientales.

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Uno de los mayores peligros que enfrentan es la violencia que ejercen algunos trabajadores foráneos de las empresas que se instalan en las comunidades, como “agresiones contra mujeres embarazadas, violencia contra sus hijos, y la forma más extrema: el asesinato o la desaparición de las líderes”, lamentó Blanco.

Como ejemplo, recordó a Berta Cáceres, una ambientalista hondureña asesinada en 2016 y cuyo caso sigue sin resolverse.

Cáceres luchaba en defensa del río Gualcarque, donde la firma Desa pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, y su activismo consideraba que la represa causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Además, el peligro en el que viven las líderes hace que tengan que elegir “entre su familia o su organización”, añadió la investigadora. Por ejemplo, en Guatemala, las parejas de algunas defensoras las han puesto en la disyuntiva de seguir con su activismo y promoción de derechos o continuar con la relación sentimental, según recoge el estudio.

PERJUICIOS ECONÓMICOS

Al temor por sus vidas se le suman los impactos a su integridad económica. “‘Vayan a trabajar en las tareas de hogar’ es una de las frases que se utilizan para disuadir el liderazgo de las mujeres”, agregó Blanco.

“Se tienden a generar menos empleos para las mujeres y los que existen reproducen los roles de género y auspician las asimetrías salariales”, ya que están más orientados en el cuidado de las familias y de la comunidad.

Otra de las barreras es la dificultad de incluirlas en la toma de decisiones y en la participación que contemplan las autoridades para que los proyectos tengan en cuenta a las comunidades en las que se asientan.

EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN EN GUATEMALA Y PERÚ

El estudio recoge casos que ejemplifican la discriminación de género en contextos de extractivismo, como el de la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Lote Ocho, de El Estor, Izabal, en Guatemala.

Esa comunidad denunció los abusos sexuales que sufrieron un grupo de mujeres cuando fue desalojada de manera violenta en 2007 por un “operativo en el que participaron cientos de guardias de seguridad privada” de una empresa que operaba en la zona, “así como agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco”.

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El estudio denuncia que, según la información recabada, durante el desalojo, “las mujeres fueron violadas sexualmente de forma masiva”.

En otro caso, en Perú, las organizaciones denuncian que 28 personas fueron “torturadas y sometidas a tratos crueles e inhumanos” tras una protesta contra una minera en Ayabaca y Huancabamba, Piura. Y que de esos detenidos, “dos mujeres fueron sometidas a agresiones sexuales”.

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La investigación también se centra en evaluar qué políticas públicas han adoptado los diversos países para abordar una perspectiva de género en las normativas sobre proyectos extractivistas.

Así, Valeria Urbina, investigadora de DAR, celebró que desde finales de los años 90 ha habido un desarrollo normativo al alza de promoción de los derechos de las mujeres.

Por ejemplo, recalcó que en Colombia se creó una Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; en Perú, cuenta con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en Guatemala, un Foro Nacional de la Mujer y en Honduras, un Instituto Nacional de la Mujer.

Pero, a pesar de los esfuerzos de los países en asumir la perspectiva de género en sus leyes, “hay una gran limitación en la aplicación de las medidas y en concretarlas a normativas más específicas”, concluyó Elva Terceros, magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia.

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