EFE.- La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG anunció este jueves que promoverá un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de regulación de agentes extranjeros porque genera zozobra, inseguridad y deterioro de la calidad de vida de quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales.

“Advertimos que la aplicación de esta Ley, además de vulnerar varios artículos de la Constitución Política, genera zozobra, inseguridad, violencia y deterioro de la calidad de vida de quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales nacionales, a los defensores de derechos humanos, a los comunicadores, periodistas independientes y a la población beneficiada con proyectos de cooperación”, señaló ese conglomerado de las ONG.

En su declaración, rechazan que todas las personas que son sujetos obligados en esta ley, sean discriminadas y estigmatizadas como “agentes extranjeros”.

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A juicio de ese grupo, esa norma que se encuentra en vigor desde la semana pasada “no solo busca privar a las personas defensoras de derechos humanos de su honra y buena reputación, sino que desde ya les inhabilita de sus derechos políticos a ser electos, y en su escalada violenta, amenaza hasta con quitarles su patrimonio personal y familiar”.

PIDEN EXPLICACIÓN

Además, denuncian que esa ley “fortalece el andamio que le continúa otorgando gran margen de discrecionalidad al Ministerio de Gobernación para hacer y deshacer en contra de las personas críticas y opositoras del Gobierno de Nicaragua”.

“Señalamos que esta ley no establece los parámetros, los requisitos, el origen de recursos ni los procedimientos para considerar a una persona natural o jurídica como agente extranjero”, indican.

Por tanto, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG exigió al Ministerio de Gobernación que explique a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional, “¿cómo operan las organizaciones, que tienen al día de hoy 51 días para registrarse, pero que según esta ley no pueden hacer ningún movimiento de recursos financieros ni de bienes materiales, lo cual impide en la práctica que sigan operando?”.

“¿Se trata del cierre de más de 7.227 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, o la aplicación discrecional a ciertas organizaciones?”, agregan.

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LIMITA EL DERECHO AL TRABAJO

Ese grupo hizo un llamado a ciudadanos, consultores, comunicadores, periodistas y personal de las ONG “a respaldar y firmar la interposición de este recurso por inconstitucionalidad” de esa ley ante la Corte Suprema de Justicia, “pues es contraria a la Constitución Política, limita el derecho al trabajo, el derecho de asociación, el derecho a recibir fondos de la cooperación internacional y el derecho a defender derechos”.

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG está conformada por 6 redes y 100 organizaciones no gubernamentales.

La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.

Esa ley, promovida y aprobada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha recibido el rechazo de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la oposición local y las ONG de Nicaragua.

Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.

Establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.

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