EFE.- Un conglomerado de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil pidieron este jueves al Supremo de El Salvador que imponga un plazo “perentorio e impostergable” al Congreso para la finalización y aprobación de una ley de justicia transicional que responda a las exigencias de las víctimas de la guerra civil (1980-1992).

La solicitud se realiza a propósito de la audiencia oral programada para el viernes, que fue convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por la que han sido citados el presidente del país, Nayib Bukele, y el titular de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.

La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

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Sin embargo, el Congreso aprobó el 25 de febrero del año en curso una polémica ley de reconciliación nacional que ha sido rechazada por las víctimas del conflicto armado, por ONG que las apoyan y por organismos internacionales, y la han catalogado como una “amnistía disfrazada”.

Dicha ley ya fue vetada por el presidente Bukele y regresó a la Asamblea Legislativa para una nueva votación para superar el veto.

La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.

Las organizaciones solicitaron al Supremo que “luego de esta audiencia declare inconstitucional los artículos que contravienen la sentencia emitida e imponga al Congreso un plazo perentorio e impostergable para la finalización y aprobación de una ley de justicia transicional que contribuya a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición”.

Demandantes y de representantes de las víctimas

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Además, solicitaron que ordene al Parlamento que para este proceso incluya el aporte técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de demandantes y de representantes de las víctimas.

Asimismo, llamaron al presidente Bukele a que “mantenga su voluntad política de vetar cualquier proyecto de ley que sea contrario a las disposiciones constitucionales” y al fiscal general, Raúl Melara, que “avance diligentemente en la investigación y judicialización de los casos presentados durante los últimos años por las víctimas y organizaciones de derechos humanos”.

La anulación de la ley de amnistía permitió la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

Entre 1980 y 1992, la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, en un conflicto bélico que dejó unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.

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