EFE.- La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador pidió públicamente este jueves a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anule de oficio un fallo que prohíbe reabrir la causa penal contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989. 

La Sala de lo Penal, que también es parte de la CSJ, resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el pasado ocho de septiembre y se dio a conocer el 29 de octubre.

“La Sala de lo Constitucional debe actuar de oficio y declarar nula la resolución de la Sala de lo Penal, por incumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía”, señaló la UCA, en cuyo campus fue perpetrada la masacre, en un comunicado.

De acuerdo con el centro de estudios jesuitas, la resolución “deja en la impunidad la autoría intelectual” y “no discute ni analiza las razones expuestas en las resoluciones previas” que dieron luz verde en 2017 a la reapertura. 

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La UCA advirtió que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron “absolutamente” una sentencia que en 2016 anuló la ley de amnistía de 1993, misma que impedía investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Comisión de la Verdad de la ONU

Recordó que esta resolución de los jueces constitucionales “declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad” ni en los casos mencionados en un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, entre ellos el de los jesuitas.

El comunicado también señala que “la Compañía de Jesús y la UCA tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad”. 

“La justicia en el caso de los asesinatos de Elba (Ramos), Celina (Ramos) y los jesuitas es un paso importante para desterrar la impunidad y asentar más decididamente el respeto a la dignidad humana de todos los salvadoreños, especialmente de las víctimas de cualquier tipo de abuso”, subrayó la UCA en la misiva.

Luego de conocerse la resolución que da por cerrado el caso, la Fiscalía recurrió la decisión y, según fuentes consultadas, habría recusado a los jueces para que otros magistrados de la CSJ conozcan su solicitud.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

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