EFE.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares a favor de la defensora Yonarqui Martínez, conocida en Nicaragua como la “abogada de los presos políticos”, y solicitó al Estado garantizar su derecho a la vida e integridad personal, informó este lunes una ONG que promovió la resolución.

En la resolución, firmada el pasado día 2, la CIDH advirtió que Martínez y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que dio a conocer el documento.

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Entre las justificaciones expuestas por el organismo sobresalió un supuesto intento de homicidio contra la defensora el 5 de noviembre pasado, que no fue investigado por las autoridades, así como “amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, en los cuales mostraban imágenes de mujeres asesinadas de forma violenta”.

La CIDH tomó la decisión en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 que, según el organismo, ha dejado 328 muertos, mientras que al menos 86 personas permanecen privadas de libertad tras haber participado en manifestaciones antigubernamentales, de las cuales más de 20 son defendidas por Martínez.

Las medidas a favor de Martínez fueron extensivas a su núcleo familiar, que incluye a sus hijos menores de edad.

“El Estado debe asegurar que los derechos de las personas beneficiarias sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, indicó.

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El organismo también demandó al Gobierno del presidente Daniel Ortega que Martínez “pueda desarrollar sus labores como abogada defensora, sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas”, así como informar de forma periódica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

En su resolución, la CIDH destacó que el organismo “solicitó al Estado su punto de vista, pero no recibió respuesta”.

Desde el estallido de la crisis de Nicaragua, la CIDH ha extendido medidas cautelares a favor de decenas de nicaragüenses, que el Gobierno nicaragüense ha ignorado, según los defensores de los derechos humanos locales.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde 1980 a 1990, durante la primera época presidencial de Ortega, quien retomó el poder en 2007 y se ha mantenido en el mismo a través de reelecciones que la oposición califica de fraudulentas, o de ilegalizar a los partidos adversarios, mientras que el mandatario achaca la crisis generada en 2018 a un supuesto golpe de Estado y dice que las muertes son 200.

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