EFE.- La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, compuesta por más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG), recurrió este miércoles por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Es conocida en el país como “Ley Putin”, por considerar que viola los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Es una ley que viola los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, le da facultades discrecionales al Ministerio de Gobernación, le otorga poderes electorales, y atribuciones a una institución que no existe (aún no creada)”, dijo a Efe el representante legal de la Articulación, Juan Diego Barberena, luego de presentar el recurso ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

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La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a las personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el Gobierno considera que estas intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.

Dicha legislación, promovida y aprobada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es conocida como “Ley Putin” en Nicaragua, porque su parecido a una aplicada en Rusia.

Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.

“Es una violación al derecho de igualdad ante la ley, a las reglas del debido proceso, a la defensa, y a no ser obligado a declararse culpable, ya que fuerza a las personas (que reciben dinero del exterior) a que se registren como agentes extranjeros”, señaló Barberena.

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El abogado también rechazó que las autoridades tengan absoluta libertad de decidir “a quien consideran agente extranjeros y quién interviene en asuntos internos y externos”.

Otro derecho afectado por dicha legislación es el de “asociación civil, toda asociación profesional, por ejemplo de médicos, deben inscribirse como agentes extranjeros, incluso viola el derecho al trabajo, a elegir y ser electo, porque establece inhibiciones naturales, que solamente son limitados por la Constitución”, explicó Barberena.

La nueva ley establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses, justo cuando falta menos de un año para las elecciones que decidirán el futuro del presidente Daniel Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.

Luego de la presentación de la Articulación, otras organizaciones presentaron sus propios recursos, con lo que la cantidad de amparos contra la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua superó los diez.

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