EFE.- Cientos de manifestantes de organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil exigieron este jueves la renuncia la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por su supuesta complicidad con el llamado “pacto de corruptos”.

Exigieron a la titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía) dejar de investigar al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien ha encabezado las principales investigaciones contra la corrupción en el país centroamericano.

“Necesitamos que renuncien los funcionarios que no están haciendo nada en beneficio de nuestros municipios”, dijo una de las dirigentes del Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas, Dominga Chávez, frente a la sede central del MP, ante la presencia de los cientos de manifestantes.

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La jornada de protestas inició en el edificio principal del Ministerio Público, en la periferia del centro histórico de la capital guatemalteca, con la finalidad de acudir a otros puntos conforme la manifestación avanza en una marcha hacia el parque central, frente al Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno).

Además de la dimisión de la fiscal general, a quien los manifestantes consideraron una “aliada” del supuesto “pacto de corruptos”, la protesta también busca la renuncia del binomio presidencial, de más de 115 diputados afines al mandatario, Alejandro Giammattei, y del ministro de Interior, Gendri Reyes.

Pero, más que cualquier otra demanda, lo que organizaciones como Festivales Solidarios, la Asamblea Social y Popular o el Movimiento Universitario -surgido de las principales asociaciones estudiantiles privadas y públicas-, buscan es “transformar el sistema desde la raíz”.

Entre las demandas también se puso sobre la mesa, como ha sido reiterado desde el pasado 21 de noviembre con la primera gran movilización contra el presidente Giammattei, la “necesidad” de establecer una “Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular”.

Las autoridades indígenas que participaron en la primera protesta de este jueves, frente al MP, también realizaron una pequeña ceremonia, invocaron a los cuatro puntos cardinales para iniciar la jornada de demandas.

La marcha continuó su camino hacia la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), donde fue recibida por el propio ombudsman, Jordán Rodas, quien aseguró que el 21 de noviembre hubo “violación de los derechos humanos” por el exceso de uso de la fuerza pública del ministro de Interior y del director de la Policía Nacional Civil, José Tzubán, por lo que recomendó su destitución.

 LA CRISIS DEL GOBIERNO

El Gobierno de Giammattei entró en crisis el pasado 18 de noviembre con la aprobación de un polémico presupuesto por parte del Congreso, donde tiene mayoría con partidos aliados, que provocó la ira de la población y que dio paso a varias protestas.

A ello se sumó el pedido del vicepresidente, Guillermo Castillo, quien instó el 20 de noviembre a Giammattei a que renunciaran en conjunto ya que el país no se encontraba “bien”.

Las manifestaciones en contra de Giammattei, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), se iniciaron el 21 de noviembre y se han mantenido vigentes por tres semanas consecutivas, aunque cada vez con menos participación, pese a la suspensión del controvertido presupuesto.

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Ese 21 de noviembre, mientras más de 10.000 manifestantes protestaban pacíficamente frente al Palacio Nacional, frente al Congreso, un grupo de encapuchados quemó parte de las instalaciones del Parlamento, lo que produjo una respuesta “excesiva”, según analistas y defensores de derechos humanos, de la Policía en contra de la población, hasta llegar a rociar con gases lacrimógenos a niños y ancianos.

La crisis política hizo que Giammattei invocara el 22 de noviembre la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar “la institucionalidad democrática” en el continente mediante la organización continental.

Debido a ello, la OEA envió una misión al país por cinco días y la misma dictaminó el 4 de diciembre en un informe preliminar que se deben tomar “medidas específicas” sobre ciertos temas de preocupación para la sociedad, como la corrupción y la impunidad.

El mismo 4 de diciembre, el presidente y vicepresidente pusieron fin a sus disputas, mientras que el gobernante anunció el cierre de la comisión de Centro de Gobierno, señalada por expertos por haber duplicado (y opacado) las funciones de la Vicepresidencia.