EFE.- Las autoridades educativas de Nicaragua negaron la medalla de excelencia académica a una adolescente durante un acto de graduación de bachilleres, tras haber alzado la bandera nacional con el escudo invertido en señal de protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, confirmó este martes la afectada.

Nazareth Danelia Valladarez Argüello, de 16 años, fue anunciada durante el acto como ganadora de una medalla a la mejor estudiante del municipio de Somoto, fronterizo con Honduras, pero el reconocimiento le fue negado por las autoridades educativas luego de que alzara la bandera de Nicaragua, según videos divulgados en las redes sociales.

La estudiante dijo que le anularon el reconocimiento cuando levantó la bandera de Nicaragua en el estrado, tras recibir su diploma de bachiller.

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“La directora no me dio la medalla, pero sé que tengo el apoyo”, dijo vía telefónica Valladarez Argüello desde su casa en Somoto, 217 kilómetros al norte de Managua.

La bandera de Nicaragua es uno de los símbolos de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril de 2018 y que han dejado cientos de muertos, detenidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Un deseo de su abuelo

La joven, hija de la abogada Daniela Argüello, que ha defendido a opositores que han sido detenidos por protestar contra el Gobierno en el marco de la crisis, se graduó como bachiller del Colegio Parroquial Padre Rafael María Fabreto, que es subvencionado por el Estado.

La adolescente explicó que el acto de protesta fue planificado, que era un deseo de su abuelo y contó con el apoyo de buena parte de sus compañeros de clases.

Aseguró que tuvo que salir casi de inmediato tras recibir su diploma de bachiller, porque en el acto de graduación estaba presente un jefe policial.

“No sabía que en el acto de promoción estaba un comisionado de la Policía, cuando alcé la bandera se puso a hablar por teléfono, mis compañeros me apoyaron, pero hubo señores que me dijeron un montón de cosas feas, tuve que salir de ahí”, relató.

La bachiller dijo saber a qué se enfrentaba, ya que ha sido detenida en dos ocasiones por mostrar su rechazo al presidente Ortega y al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ha sido perseguida

Los arrestos y no ser reconocida como mejor alumna por alzar el pabellón nacional son parte de lo que ha tenido que enfrentar a su corta edad en Nicaragua por no pensar igual que los sandinistas, según afirmó.

Valladarez Argüello contó que, antes de graduarse, debió ingresar a un colegio privado para que las autoridades no interrumpieran sus estudios, en una época en que agentes de la Policía permanecían “desde en la mañana hasta en la tarde” vigilando la casa de sus padres.

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Además aseguró que, durante las competencias de mejores alumnos a nivel nacional, los representantes del Ministerio de Educación boicotearon su examen para evitar que superara a estudiantes de escuelas administradas por el Gobierno.

A pesar de todo, dijo que no se arrepiente porque “quizá esto motive a las personas a que se expresen, a pesar de las dificultades, aunque sea de forma sencilla”.

“Me hace sentir emocionada que la gente me escriba y me anime, gente que ni conozco, felicitándome por las redes sociales”, agregó.

Consultada si tiene temor, dijo que sí. “No soy ningún superhéroe, pero es parte de cómo me han criado, que es tener coraje, enfrentar”, agregó.

“He admirado a periodistas de Nicaragua o de otro país, que se han esforzado por no callar, en especial las mujeres, porque aquí somos muy vulnerables, y creo que es correcto tener una voz propia y hablar aun si tenemos miedo”, resaltó.

Valladarez Argüello, quien reiteró su preocupación por “expresarnos libremente”, sostuvo que no espera “de brazos cruzados” que los dirigentes opositores “de arriba hagan algo para cambiar la situación”, porque “si nos mantenemos callados no vamos a tener un cambio nunca”.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado. 

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