EFE.- Las restricciones legales y violaciones a la Constitución se han convertido en una amenaza contra la libertad de asociación en Nicaragua, que tienen su origen en una política de “graves violaciones a los  derechos fundamentales” por parte del Gobierno, según un informe emitido este miércoles por dos ONG locales.

De acuerdo con el informe, emitido por la Fundación del Río, dedicada a temas ambientales, y la Fundación Popol Na, que promueve la participación ciudadana, Nicaragua atraviesa una “cuarta etapa” de violaciones a la libertad de asociación, que “se caracteriza por la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro, para pretender justificar jurídicamente las agresiones”.

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El Gobierno del presidente Daniel Ortega, que tiene bajo su control todos los Poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional (Parlamento), ha utilizado al menos 31 mandatos legales para “restringir” el derecho a la asociación, con lo que ha violado unas 11 normas internacionales, algunas de las cuales protegen a la niñez, mujeres, trabajadores, pueblos indígenas, entre otros, indicó el estudio.

En esta etapa existe un “aumento del control, seguimiento, intimidación y restricción del trabajo de las organizaciones internacionales presentes en el país, así como la negativa a entregar los documentos que permiten la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro nacionales, y una posterior cancelación de nuevas personerías jurídicas en el país”.

Dicha etapa inició en 2019 y se mantiene en la actualidad, con normativas de control, multas, y el establecimiento de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley de Ciberdelitos, conocidas en Nicaragua como “Ley Putin” y “Ley Morzada”, respectivamente.

Según el reporte, las expropiaciones de ONG vistas en 2019 ya se observaban en la “tercera etapa”, desarrollada entre 2016 y 2018, la que se caracterizó principalmente “por el aumento de las presiones a las organizaciones sin fines de lucro que acompañaban a los movimiento sociales que salieron a las calles por la defensa de sus derechos”, lo que incluyó “la cancelación de personerías jurídicas”.

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En tanto, la “segunda etapa”, desarrollada de 2011 a 2015, sobresalió por “múltiples violaciones a la libertad de asociación y a otras libertades y derechos civiles”, dirigidas a las organizaciones que defendían los derechos de las personas que rechazaban “los procesos extractivos y megaproyectos” del presidente Daniel Ortega, como el del canal interoceánico de la firma china HKND Group.

El documento señala que las restricciones a la libertad de asociación siempre fueron un objetivo de Ortega, quien supuestamente lo evidenció en la “primera etapa”, que inició con su regreso al poder en 2007, por medio de un discurso que buscaba el control político “sobre todo de los fondos para el desarrollo que llegaban a las organizaciones sin fines de lucro”.

“En esta etapa se socava el modelo de participación ciudadana y se inician las primeras restricciones a las diversas formas asociativas, tratando de coartar, deslegitimar y disminuir sus capacidades de incidencia en espacios públicos y en las dinámicas políticas del país”, puntualizó.

Las organizaciones de la sociedad civil están entre los grupos que rechazan al Gobierno de Ortega, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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