EFE.- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este viernes que agentes de la Policía de Nicaragua rompieron las rejas de la vivienda en la que habita una disidente al Gobierno del presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Los agentes rompieron las rejas de la vivienda de la opositora Hazin Alemán, con el objetivo de sacarla por la fuerza y detenerla, y solamente se detuvieron porque su familia exigió que presentaran una orden judicial de allanamiento y otra de arresto, las cuales no portaban, según el relato de la afectada.

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Alemán, hermana de uno de los más de 100 opositores que guardan prisión en el marco de la crisis, dijo que fue amenazada con cárcel por agentes policiales, bajo el argumento de violar la Ley Especial de Ciberdelitos, que aún no entra en vigor, al tener “un montón de publicaciones en sus redes sociales en contra del comandante” Daniel Ortega, presidente del país.

La Policía Nacional no se ha referido aún a esa denuncia.

La abogada, jurista y académica María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica, dijo a Efe que “la Policía actúa ilegalmente, lo cual ha estado realizando de forma sistemática y generalizada, en contra de los opositores, como mecanismo de represión y persecución política, a pesar de que está obligada a respetar y cumplir la Constitución”.

Moreno explicó que, dado que todavía es imposible aplicar la Ley Especial de Cibedelitos, promovida y aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) en octubre pasado, el objetivo de fondo es ejecutar una política que el Gobierno utiliza contra los opositores “con ley o sin ley”.

“Estos asedios policiales tienen como objetivo intimidar y amenazar a quienes se oponen al Gobierno, de tal forma que se trata de una actuación que violenta los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la libertad personal y la libertad de expresión”, señaló la experta.

Controvertida ley

Según la Alianza Cívica, la familia de Alemán sufre asedio desde el 2019, cuando uno de sus miembros, Bryan Alemán, fue detenido por primera vez, y la presencia policial frente a la casa aumentó a partir del 14 de agosto pasado, cuando la Policía arrestó por segunda ocasión al mismo opositor, quien se encuentra en prisión.

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La Ley Especial de Ciberdelitos fue bautizada como “Ley Mordaza” por los gremios de periodistas independientes, ya que castiga con expropiaciones y cárcel a cualquier persona que posea o emita información en dispositivos electrónicos que el Gobierno considere como una amenaza.

Los críticos de dicha legislación sostienen que el mayor peligro está en que deja a discreción de las autoridades para decidir sobre cuándo se viola esta ley, o qué noticia es falsa o tergiversada, lo que supuestamente deja especialmente expuestos a los opositores.

La amenaza contra la opositora, y la existencia de la ley que entrará en vigor la dentro de dos semanas, se da en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos y más de un centenar de miles en el exilio, en su mayoría opositores que huyen de los sandinistas, tal como ocurrió en la década de los años 1980 del siglo pasado, también con Ortega en la presidencia.

La crisis estalló en abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses participaron en protestas contra Ortega, señalado de abusos de poder, corrupción y violación de los derechos humanos, manifestaciones que fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 328 muertos, de los cuales el presidente ha reconocido 200 y dicho que se trataba de un intento de golpe de Estado.

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