Por Uriel Naum Ávila

América Latina suele solicitar al año (en etapa no pandémica) alrededor de 56,000 registros de patentes al año, de acuerdo con a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Esto representa menos de 2% de las solicitudes que se hacen a nivel mundial.

La relevancia de esto es que las patentes y la innovación en una región siempre van de la mano y de alguna forma dejan ver el proceso de desarrollo que pueden tener los países en el futuro; en este sentido, ese porcentaje con el que participa Latinoamérica en cuanto a solicitudes de registro de patentes viene a ser una muy mala noticia.

Hace algunos años atrás un latinoamericano radicado en Silicon Valley me comentaba que la razón por la que los países de la región no registraban más patentes era porque preferían hacerlo en Estados Unidos, pues “eso nos da una mejor imagen frente a los inversionistas de otros países”.

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Sin embargo, los países asiáticos, a los que durante muchos años se les acuso de plagio industrial, señalándose esta práctica como una de las causantes de no inversión (aunque en los hechos el capital seguía llegando a países como China), solicitan el registro cada año de alrededor de 2.2 millones patentes, esto es, 66.8% de las solicitudes totales.

¿Falta creatividad en Latinoamérica para incentivar la innovación y con ello el registro de patentes? Es evidente que no se tiene un ecosistema propicio para detonar la investigación y el desarrollo (I+D), pero también es un hecho que las empresas desconocen los lineamientos legales para aprovecharlos a su favor.

Por poner un ejemplo, en México entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en noviembre de 2020, que a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) protege diseños y secretos industriales, tramita patentes, derechos de marca, acervos documentales sobre invenciones, denominación de origen, entre otros.

En este caso particular, la LFPPI fortalece al IMPI con atributos jurídicos para intervenir de forma directa por plagio o cualquier otra forma de protección o denuncia que realicen los inventores, creadores, empresarios, diseñadores o emprendedores que se amparen en esta ley. 

La nueva ley, que ofrece protección internacional, contiene sanciones, infracciones y multas para quienes realicen plagio o hagan mal uso de cualquier creación y ofrece al IMPI como mediador entre los intereses involucrados.

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“¿Sabe usted que en promedio 8 de cada 10 inventos son patentados en América Latina por empresas extranjeras? Las empresas latinoamericanas rara vez deciden patentar, pese a que sus invenciones cumplen con los requisitos de novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial que se exigen para obtener la patente”, se menciona en el informe del BID Ojos que no ven, propiedad intelectual que se pierde.

Dar el paso hacia el futuro como región requiere no solo ser creativos e inventivos, sino generar esas estructuras legales que ofrezcan certidumbre y coloquen a Latinoamérica en un camino donde la I+D sea tan natural como lo es la literatura, la bachata, la gastronomía o lo artesanal. De otra forma estaremos condenados a la dependencia y a vivir un presente desde el pasado.

*Es periodista de negocios en Latam y consultor en comunicación empresarial.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.