EFE.- La organización humanitaria Cristosal pidió este jueves al Gobierno de El Salvador que cree el reglamento y protocolo para complementar una ley para la atención de personas desplazadas por la violencia generada, principalmente, por las pandillas.

Cristosal recordó que la Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2020 la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno y que entró en vigencia el día 23 del referido mes.

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Explicó que 90 días después el Gobierno debía crear el reglamento para su aplicación, pero a la fecha “no se cuenta” con esta herramienta que es, a juicio de la organización, un “instrumento fundamental”.

El reglamento permite la ejecución de la ley y “establece que también debe designarse un presupuesto anual para su implementación”.

La organización señaló en un comunicado que elaboró una propuesta de reglamento, que será presentada al Ministerio de Seguridad y que debería aprobar el presidente Nayib Bukele para que entre en vigor.

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Además, Cristosal exhortó al órgano Ejecutivo a avanzar en la implementación de una política nacional para la atención del desplazamiento forzado, generado principalmente por las pandillas.

La organización humanitaria también pidió al Gobierno designar un mayor presupuesto para la atención de víctimas de la violencia, dado que el asignado actualmente está dirigido únicamente al pago de salarios.

Cristosal citó cifras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que señala que el presupuesto asignado a la atención de víctimas en 2021 es inferior en un 13.4 % al de 2020.

De acuerdo con un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las pandillas son las principales causantes del desplazamiento forzado.

La Mara Salvatrucha (MS13) es señalada en el 41.8 % de los casos, mientras que “pandillas en general” generan el 24.2 % y el Barrio 18 el 16.7 %.

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Atrás de estas organizaciones criminales se encuentra la Policía Nacional Civil con el 6.6 % de los desplazamientos forzados registrados entre octubre de 2017 y febrero de 2019.

Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5.2 % de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235,700 personas.