EFE.- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, exigió este viernes al Gobierno del presidente Daniel Ortega que derogue una serie de leyes establecidas recientemente, que calificó como propias de un “Estado policial”.

“Exigimos al Gobierno y sus funcionarios el respeto pleno de los derechos humanos de los nicaragüenses, y, en consecuencia, demandamos la derogación de dichas leyes y reformas”, subrayó el Cosep, en un comunicado.

Las leyes referidas por los empresarios son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, así como el establecimiento de la cadena perpetua para crímenes de odio.

“El partido de gobierno configura un marco legal que justifica el Estado policial y dota a los funcionarios que integran el sistema punitivo del Estado de un marco de actuación discrecional, para reprimir y sancionar a los actores políticos y sociales que disienten políticamente del Gobierno”, asegura el Cosep.

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Las leyes, aprobadas en el marco del año electoral que finalizará con los comicios del 7 de noviembre próximo, regulan el financiamiento exterior, la expresión en aparatos electrónicos, la postulación de candidatos a cargos públicos y los crímenes que se consideren consecuencia del odio.

La patronal consideró que la serie de normas “es violatoria del derecho internacional que Nicaragua está obligada por la Constitución a respetar”.

El Cosep rompió relaciones con el Gobierno de Nicaragua en 2018, cuando multitudinarias protestas contra Ortega generaron una grave crisis política en el país, que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó 328 muertos, aunque organismos locales cuentan 684 desde entonces, mientras que el presidente admite 200 y dice haber sido víctima de un “golpe de Estado fallido”.

Los empresarios también exigieron hoy “la liberación de todos los presos políticos, la restitución de los derechos constitucionales de los nicaragüenses, y la realización de reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y pacíficas”.

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Adicionalmente llamaron al Gobierno a “que trabaje en función de los intereses del país, dedicando todos los esfuerzos para superar la crisis sociopolítica, económica y sanitaria”.

Antes de la ruptura entre el Cosep y el Gobierno, las patronales eran las principales colaboradoras de Ortega en el llamado “Modelo de Asociación Público Privada”, que colapsó en medio de la crisis sociopolítica desatada en 2018, que se ha traducido en tres años consecutivos de retroceso económico, agravado en 2020 por la pandemia de covid-19.