Por Uriel Naum Avila

Claramente la pandemia vino a modificar la realidad para muchas personas y organizaciones, pero poco se habla de los temas importantes que colocó en el centro de los debates social, económico y  político. Uno de ellos, por ejemplo, es el del bienestar de los empleados, pero otro muy relevante es el de los medicamentos ilegales que se comercializan en Latinoamérica.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejan ver que los medicamentos ilegales en la región representan entre 25 y 30% del mercado. El tema no es nuevo, pero los esfuerzos que se han venido haciendo para detener esta situación no parecen haber rendido frutos según los propios datos de este organismo internacional, y en un momento en que la salud ha pasado a primer plano, parece crucial repensar las estrategias.

Las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son falsificaciones, contrabando, comercialización de muestras médicas, receptación y venta de productos caducados. También existen modalidades de substracción de medicamentos del sector salud que se venden en el mercado negro y que pueden generar casos de desabastecimiento en hospitales y clínicas”, menciona Cédric Pruche, director de Desarrollo de Negocio de SICPA.

De acuerdo con el ejecutivo de la firma de servicios de identificación y trazabilidad de productos, las principales causas por las que no se ha podido frenar la comercialización de medicamentos ilegales en Latinoamérica tienen que ver con sanciones ejemplares, la escases de recursos económicos y humanos para llevar a cabo acciones de control y vigilancia sanitaria por parte de las autoridades, así como la falta de información sobre riesgos inherentes y el bajo poder adquisitivo de la población.

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Un ejemplo de esta situación para Cédric Pruche es Costa Rica, donde no se tienen cifras oficiales del comercio ilegal de productos farmacéuticos. “Sin embargo, en el informe publicado por Atlantic Council en julio 2019, titulado Dark Pharma: Counterfeit and Contraband Pharmaceuticals in Central America, se realiza un análisis del alcance y magnitud de la problemática y se identifica un incremento de contrabando desde Nicaragua y de falsificación de productos”.

Pero el problema podría ser aún más grave en la actualidad, ya que el propio director de Desarrollo de Negocios de SICPA considera que las organizaciones criminales han encontrado un terreno fértil con la pandemia y “es altamente probable que la magnitud del problema haya aumentado en los últimos meses”.

Es posible que ante tal escenario, autoridades y empresas farmacéuticas de América Latina pongan en su radar este tema en siguientes meses, alentados por la presión social que ha implicado hacer frente a Covid-19 y algunas otras enfermedades que se han puesto de lado para atender la pandemia.

Lo cierto es que, como sucede en muchas otras áreas, la tecnología podría ser un aliado oportuno para enfrentar con rigor el mercado ilegal de medicamentos, si realmente se busca detenerlo.

Algunas de estas tecnologías son precisamente los desarrollos que tienen que ver con trazabilidad de productos. En América Latina, de acuerdo con Cédric Pruche, Argentina fue el pionero en la adopción de la trazabilidad unitaria con la entrada en vigor en abril de 2011 de la Resolución 435/2011 del Ministerio de Salud. “Otros países están siguiendo el paso, como Brasil y Ecuador, y se encuentran en fase de implementación”.   

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Las soluciones tecnológicas para parar el mercado ilegal de medicamentos parecen estar al alcance de las sociedades latinoamericanas pero, una vez más, está en manos de los jugadores del mercado y las autoridades realmente tener la voluntad de detener esta situación que perjudica tanto a pacientes como a la industria formal de la salud.

*Es periodista de negocios de Latam y consultor en comunicación corporativa.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.