Por Rosa María Bolaños de Prensa Libre

Arturo Soto, presidente de Camex, se refirió a las ocupaciones en San Marcos, que empresas habían denunciado desde hace dos años y otras que surgieron en enero del 2021.

Alertó de que se ponen en riesgo los acuerdos de inversión entre ambos países, como la interconexión ferroviaria que impulsaría el comercio.

La preocupación de la Cámara es que hace falta certeza jurídica para inversiones que pueden estar detenidas, como es el caso de la vía férrea por ese sector, que está parcialmente invadido.

Soto indicó que manifiestan su apoyo al sector empresarial derivado de situaciones ya mencionadas que ponen en riesgo las inversiones.

Otro punto cuestionado son los constantes cierres y bloqueos en las aduanas, los cuales provocan retrasos importantes en las actividades logísticas y por ende pérdidas monetarias para las empresas.

Empresas impactadas

El Grupo Duwest y empresas afiliadas Especialidades Industriales S. A. y Westrade de Guatemala S. A., —que se dedican a la producción fe fertilizantes e insumos agrícolas—, denunciaron en enero pasado la usurpación de tierras en el área industrial de Ayutla, San Marcos.

Mientras que, refirió Soto, también se han afectado a empresas mexicanas, ya que hace alrededor de dos años a Cemex le fue ocupado de forma ilegal un territorio y a la fecha no se ha podido retirar a las personas, además que área de Zeta Gas, cercana a la de Duwest, también fue ocupada en enero,  pero en este caso se logró su retiro, se agregó.

La percepción es que todas las personas en las ocupaciones ilegales son guatemaltecas porque del lado mexicano no hay invasiones, indicó Soto, pero que es el MP y las autoridades las que deben investigar. Respondió, en conferencia de prensa, que tampoco sabe si se trata de grupos de narcotráfico, pero que en zonas fronterizas es “un problema muy serio”.

En enero pasado, ejecutivos de Duwest informaron que alrededor de 200 personas habían ocupado 32 hectáreas de las 90 que abarca el complejo industrial y área forestal. Consultados por aparte ayer, ese número aumentó a alrededor de 500 y el área ocupada de la finca llegó al 70% Además, denunciaron que se han talado árboles, destruido flora y apresado ejemplares de fauna, junto al levantamiento de caminos y casitas.

Expusieron que han seguido los procesos de denuncia para llegar a tribunales, pero que el MP aún está en período de recolección de pruebas además de informes del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y Conred, pero que aún no se ha llegado a la instancia judicial.

Ricardo Santamarina y Willi Kaltschmitt, abogado y relacionista público de la compañía respectivamente, mencionaron que entre las áreas invadidas hay plantaciones forestales registradas en el Inab pero los ocupantes no dejaron ingresar a los representantes de esa entidad para hacer una evaluación de los daños. Agregaron que el juez de paz no hizo alguna diligencia, a los delegados del MP los sacaron a pedradas y Conred debió hacer su evaluación con drones.

Respecto a la vía férrea Santamarina comentó la línea ancha llega hasta a planta industrial porque antes operaba un ferrocarril desde México, pero el puente se dañó. Añadió que hay un ramal de la línea al lado de la finca que fue invadido y las personas levantaron los rieles e instalaron casitas.

Los ejecutivos mencionan que hay empresas, bodegas fiscales, industrias cuyas materias primas vienen y van para México y para lo cual el proyecto del ferrocarril es importante porque saldría de México hasta Retalhuleu.

La planta industrial de esa empresa sigue operando y aparte de abastecer al mercado legal exporta a México, Estados Unidos y Centroamérica.

Soto explicó que dentro de los sectores económicos con más riesgo en este momento en el área es el industrial, mencionando denuncias de ocupaciones.

Camex: No hay sanciones

La organización explicó que aparte de la invasión, hay falta de sanción a los usurpadores de propiedad privada lo cual provoca violación al Estado de Derecho y a los derechos al trabajo porque trabajadores de la zona han sido intimidados por los invasores, por lo que “Camex exige a las autoridades competentes certeza jurídica en todas las actividades productivas y de inversión, que se respete el Estado de Derecho” y que velen por el bienestar de quienes de forma honesta realizan negociaciones locales y extranjeras.

Soto explicó que dentro de los sectores económicos con más riesgo en este momento en el área es el industrial, mencionando denuncias de ocupaciones. Además que por el tipo de actividad trabajan con productos químicos, derivados o gas, lo cual también al tener ocupaciones sin control lo convierte en una situación en algo riesgo de accidentes.

Citó que Conred hizo un estudio de que al ser un área industrial, con almacenamiento de gas un accidente que se podría provocar por la falta de control y prevención de las personas usurpadoras, podría afectar a la mitad de la población de Tecún Umán hasta la frontera.

Unas 4 mil 500 empresas mexicanas comercian con Guatemala.

También se reporta 82 empresas del vecino país con inversión en Guatemala. El país ha recibido en los últimos 10 años inversiones US$12 mil millones de inversión acumulada. En el 2015, 2016 y 2019 se superó anualmente los US$1 mil 500 millones de inversión mexicana en el país (tanto nueva como reinversión) según datos citados por Camex.

*En alianza con Prensa Libre