ReutersColombia debe proteger mejor a los líderes sociales y a la población civil, hacer presencia en las zonas remotas golpeadas por la pobreza e implementar por completo el acuerdo de paz con las FARC para reducir la violencia que sacude al país, dijo el martes la agencia de Naciones Unidas para los derechos humanos.

La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se han convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.

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Aunque las cifras causan polémica y no coinciden, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, registró el año pasado 133 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 25 casos más que en 2019.

Sin embargo, el Gobierno solo reconoció el lunes 66 homicidios y aseguró que 63 más están en proceso de verificación.

“Acá lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno, de reforzar los mecanismos creados por el acuerdo para dar respuesta a esta situación”.

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