EFE.- La no gubernamental Fundación del Río informó este miércoles que el Fondo de Carbono del Banco Mundial (BM) canceló un pago por 55 millones de dólares por servicios ambientales a Nicaragua debido a que el país centroamericano no garantizó que fueran utilizados en beneficio de los indígenas.

La Fundación del Río, una ONG que fue ilegalizada por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, a petición del Ejecutivo, dijo que recibió una comunicación del Equipo de Gestión del Fondo (FMT, por sus siglas en inglés) en la que informó de la cancelación del Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA) entre el Banco Mundial y el Estado de Nicaragua.

Según el ERPA entre el Banco Mundial y Nicaragua, el país centroamericano se comprometía a capturar 11 millones de toneladas de carbono entre 2020 y 2025, a cambio de 55 millones de dólares por los servicios ambientales, siempre que demostrara que beneficiaría a los dueños de los bosques, en este caso, los indígenas.

“Lamentablemente no podemos seguir adelante con el ERPA”, indicó el FMT, en una carta dirigida al presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, y que este compartió con Efe.

El Gobierno de Nicaragua, que no suele responder preguntas sobre su gestión, aún no ha reaccionado ante esa información.

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Sobre la decisión, acordada bilateralmente entre el Banco Mundial y el Gobierno nicaragüense, el FMT explicó que “los ERPA son proyectos complejos que requieren la implementación de sistemas muy sólidos desde el principio, en particular para garantizar la distribución total de beneficios con las comunidades indígenas”.

Agregó que los ERPA “también requieren monitoreo y evaluación frecuente sobre el terreno, supervisión continua y certificación de resultados por parte de terceros”.

“El régimen de Nicaragua no pudo cumplir con el sistema de monitoreo ambiental y social, ni con el plan de distribución de beneficios a comunidades indígenas (…), cada día se demuestra a nivel internacional la deficiencia del régimen para atender la parte ambiental y salvaguardar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del país”, señaló Ruiz.

Las diferencias entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y los indígenas nicaragüenses datan desde la década de 1980, cuando el sandinista gobernó por primera vez, revivieron durante el estallido antigubernamental de 2018, y se acentuaron en 2020 con el manejo estatal de la pandemia del COVID-19 y del impacto de los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado.

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Un informe emitido el 29 de enero por organizaciones defensoras de los derechos humanos indicó que al menos 49 indígenas fueron asesinados y 46 secuestrados en la región Caribe de Nicaragua en 2020, por “colonos” (toma tierras) supuestamente amparados en la impunidad que les otorga el Gobierno.

Organismos humanitarios locales y continentales han advertido de un posible “etnocidio” en las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua, que están entre las más pobres y aisladas del país.