Por Gavin Strong

El lanzamiento del plan de vacunación para la COVID-19 en América Latina ha tenido un comienzo poco prometedor. A lo largo de la región, el plan se ha visto plagado por desafíos logísticos e ineptitud política. El avance será lento y desigual. Por lo tanto, los gobiernos tendrán que mantener ciertas restricciones a la movilidad urbana y a actividades comerciales, lo cual a su vez obstruirá la recuperación económica regional.

Problemas iniciales

El acceso de los países a las vacunas de la COVID-19 ha vuelto a poner bajo la lupa desigualdades arraigadas y profundas tanto a nivel mundial como a lo largo de América Latina. Por ejemplo, en Centroamérica esta situación se ha caracterizado por los avances significativos logrados por Costa Rica y Panamá – los países más prósperos (y estables) del istmo – en contraste con sus vecinos en el norte de la subregión. Es probable que países con menos recursos económicos – tales como El Salvador y Honduras – tengan que depender de la generosidad de la comunidad internacional mediante el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX) patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés).

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En un principio, parecía que los países con más poder económico – y más influencia en la escena internacional (por ejemplo, Brasil y México – ambos miembros del G-20) – avanzaron más rápido con sus planes de acceso a un suministro de la vacuna. Sin embargo, en México – donde los esfuerzos en este sentido han sido liderados por el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard – el plan de vacunación se ha frenado. Como en otros países, esta situación refleja tanto los desafíos logísticos (sobre todo, de distribución y almacenamiento) como la indecisión política. La politización del tema también es un problema; en toda la región se ha convertido en un fútbol político, normalmente entre los gobiernos centrales y sus contrapartes departamentales/provinciales/estatales. 

Dolores crecientes

En consecuencia, la reapertura, reactivación y recuperación económica será prolongada. Aunque el regreso a los “lockdowns” draconianos que se vieron en el 2020 es poco probable – esto será políticamente indefendible y económicamente inviable – restricciones de distintos grados se aplicarán durante los próximos meses. En toda la región, esta situación seguirá teniendo implicaciones considerables y adversas para la movilidad urbana y las actividades comerciales.

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Los sectores de consumo discrecional – por ejemplo, los comercios minoristas, el sector de hospitalidad (hoteles, bares y restaurantes) y la industria del turismo – se verán mayormente afectados. Estos representan la piedra angular de la economía regional y una fuente muy importante de empleo. La continuación de su desempeño desacelerado insuficiente seguirá siendo un obstáculo significativo al crecimiento económico.

Rayo de esperanza

Un rayo (muy vacilante) de esperanza se ofrece con la posibilidad de que el sector privado gane acceso directo a las vacunas. Sin embargo, las empresas farmacéuticas han declarado públicamente que es poco probable que esto suceda hasta (quizás) más tarde en el año.  Esta situación implica ciertos riesgos. Por ejemplo, las empresas que logren acceder a la vacuna estarán entre la espada y la pared del ojo público, al poder parecer ser caritativas o ser denunciadas como egoístas.

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Para empeorar las cosas, la historia nos dice que la firma de acuerdos y la adjudicación de contratos en el sector de salud regional se caracteriza a menudo por altos niveles de corrupción. Estos son algunos retos adicionales en un entorno de riesgo político cada vez más desafiante desde el Rio Grande hasta Cabo de Hornos.

*Es analista del equipo de Análisis de Riesgo Global de Control Risks para México, Centroamérica y el Caribe.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.