Por Jeraldine del Cid

En el marco del 8 de marzo, es necesario reflexionar sobre los retos pendientes en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Para ello, destaco cómo Centroamérica continúa siendo la subregión de Latinoamérica con los rezagos más grandes en materia de legislación y políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres. La mayoría de las condiciones históricas de desigualdad persisten y, en los últimos años, la violencia feminicida ha ido en aumento. Dentro de las manifestaciones de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, destaco en este texto las violencias específicas que se reflejan en situaciones como el embarazo en niñas y adolescentes.

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Las cifras de diversos medios coinciden con que el embarazo de niñas y adolescentes representa el 30% de los partos que se dan en la región, de estos, hay un alto número de niñas entre los 9 y 14 años de edad, lo cual, en su mayoría, son producto de abusos o violación. Los países en donde es más grave esta problemática son El Salvador con un reporte de 1,440 casos. Nicaragua con 1,600Guatemala con más de 5,000 al año.

Aunque los Estados han legislado para tipificar estos casos como violación, de la atención penal al problema no se da un paso para la atención desde las políticas públicas con un enfoque preventivo. Otro mecanismo ha sido la prohibición del matrimonio de menores de edad. Panamá inició con esta reforma en 2015, le siguió Costa Rica en 2016. Posteriormente, en el 2017, lo prohibieron en El Salvador, Guatemala y Honduras. No obstante, las “uniones de hecho” o “uniones libres” siguen siendo una práctica frecuente en menores de edad. El matrimonio infantil persiste a pesar de estos cambios legislativos. El país que reporta las cifras más altas es Nicaragua con 41%, seguido por Honduras con 34%, Guatemala con 30%, y El Salvador con 25%.

Continuando con la preocupación por una atención a la problemática desde una perspectiva preventiva, la mayoría de niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a educación integral en sexualidad, lo cual contradice los compromisos internacionales que estos mismos países han adoptado. Como el Consenso de Montevideo, por ejemplo.

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Al desatender la problemática desde el enfoque preventivo, se genera otra serie de problemas públicos que afectan de manera directa las posibilidades de una vida digna para las niñas y adolescentes en la que se garanticen todos sus derechos. Un efecto directo del embarazo adolescente es la deserción escolar, lo cual conlleva a una serie de problemas multifactoriales que activan un ciclo de violencias y desigualdades que ya va siendo hora que estos Estados enfrenten desde las causas estructurales y con una perspectiva preventiva y de políticas públicas.

Nota: Los datos fueron tomados de http://derechosdelamujer.org/

*Profesora e investigadora de Flacso México

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.