Por Miguel Collado Di Franco*

El servicio de electricidad de República Dominicana no es confiable, impone costos de autogeneración y es subsidiado con los impuestos de los ciudadanos para que las empresas distribuidoras puedan seguir operando.

Las distribuidoras estatales, que suplen la mayor parte de la electricidad del país, se caracterizan por su ineficiencia.

Aún se aguarda la firma del Pacto Eléctrico que ordena la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto debería constituir la solución a los problemas que durante décadas han afectado al suministro de electricidad.

“Es necesario que alguien ponga en juego su dinero, no el de los contribuyentes”

Miguel Collado Di Franco

La interrogante principal, con relación al acuerdo es si su versión final incluirá las reformas que solucionen los problemas estructurales del sector. O si, por el contrario, será un documento con algunos aportes, pero que continúe dejando a un lado los temas fundamentales.

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Eficiencia anhelada

Los últimos datos publicados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), correspondientes a octubre de 2020, indican que 33.5% de la energía comprada por las distribuidoras no fue facturada y un 7.3% de la energía comprada no pudo ser cobrada a los usuarios.

Es decir, del total de la energía comprada por las distribuidoras estatales, 40.8% no pudo ser cobrado. En consecuencia, el tan aguardado pacto que tiene más de cinco años de retraso debería ser la solución al tema de la distribución, el cual ha empeorado recientemente.

¿Cómo empezar a reformar el mercado eléctrico? El primer paso debe ser la adecuación de la legislación vigente, empezando por la Ley General de Electricidad y la Ley de Energía y Minas.

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Modernizar al sector

En términos prácticos, las funciones de planificación, coordinación y regulación deberán estar bien delimitadas. Las legislaciones que norman al sector deben ser modificadas en ese sentido, en la medida en que sea necesario.

El buen funcionamiento del ámbito eléctrico dependerá, en adelante, de la participación del sector privado en la distribución y comercialización de la electricidad.

En ese sentido, el rol público debe ser garantizar un clima que atraiga a inversionistas que estén dispuestos a poner en riesgo su capital por un retorno razonable.

Chispas de profesionalización

Se debe retomar el proceso de recapitalización de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), transfiriendo el 51% de las acciones y la administración al rubro privado. Pero esta vez debe realizarse de forma más ordenada y con mejores criterios de supervisión.

El proceso de licitación debe incluir socios estratégicos que tengan probada experiencia en el sector, a los cuales se les deberá exigir una garantía económica de importancia en caso de incumplir con los objetivos de un plan estratégico para el ecosistema eléctrico.

Dicho plan debe de tener un horizonte temporal no mayor a seis años. En ese periodo de tiempo se deberán desmontar los subsidios que existen actualmente para ser sustituidos por subsidios directos a la demanda: a los usuarios.

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Cambio de switch

Las tarifas, en consecuencia, deben ser adecuadas para reflejar la estructura de costos y garantizar un retorno razonable, tal como sucede con otros servicios que pagan los dominicanos, como es el de telecomunicaciones.

Los pilares que garantizarían la viabilidad del sector eléctrico serían el ordenamiento institucional del mismo, la generación privada de electricidad con reglas claras y, sobre todo, la reforma a
la distribución
.

Es necesario que alguien ponga en juego su dinero, no el de los contribuyentes. Mantener las EDE en el ámbito público sería postergar la solución definitiva, tal como ha demostrado la historia del país.

*Director de Investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)
Twitter: @miguelcdf

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