Por Martha Keays *

Si hay algo que hemos aprendido durante estos últimos 12 meses, es que nadie se ha librado de los efectos del Covid-19. Dicho esto, es evidente que las consecuencias de esta pandemia no afectan a todos por igual. Quizás ninguna población esté más expuesta hoy que los migrantes y los desplazadas.

Las Américas ya enfrentaban una enorme crisis mucho antes de la pandemia. Hay aproximadamente 57.5 ​​millones de migrantes en todo el continente, lo que corresponde a más de una cuarta parte de los migrantes en todo el mundo.

No se trata de grupo homogéneo. Sin importar su edad, género o clase, esta población constituye una muestra representativa de sus sociedades y hay muchas razones, variadas y complejas, que los llevan a abandonar sus hogares. Entre ellas están la inestabilidad económica y sociopolítica, la amenaza de violencia y coacción de pandillas, la violencia de género, la persecución, los desastres y la crisis climática.

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La brecha del Covid-19

La pandemia ha exacerbado muchas de estas causas. La gente ha perdido sus trabajos y ha sufrido enormes pérdidas económicas. La violencia doméstica contra mujeres, niñas y niños ha aumentado debido al confinamiento. También hemos visto a miles de personas regresar a sus países de origen porque el Covid-19 ha hecho que la vida en sus nuevos países sea aún más difícil.

A lo largo de las rutas migratorias, las personas están desproporcionadamente expuestas y afectadas por el virus. Esto, debido al acceso limitado a servicios básicos, así como a condiciones de vida y trabajo deficientes, hacinadas e inseguras.

Las regulaciones fronterizas han dejado a miles de migrantes varados entre fronteras y en campamentos fronterizos abarrotados. Este hecho ha obligado a muchos a utilizar rutas clandestinas, aumentando su riesgo de contagio y de caer en las redes de tráfico de personas, de ser asaltados o sufrir violencias.

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Migrantes menos protegidos, más afectados

La Guajira, al norte de Colombia, es un lugar donde convergen diferentes flujos migratorios. Más de medio millón de personas pertenecientes a diversos grupos indígenas viven allí.

De estos, los Wayuu binacionales son el mayor grupo. Históricamente han sufrido marginación social y tenido escaso acceso a la atención médica, la educación y las oportunidades económicas. Muchos permanecen indocumentados y su estatus binacional aún no se reconoce.

La gente llega a asentamientos que no ofrecen las mínimas condiciones de habitabilidad y seguridad. La Guajira es vulnerable a los peligros naturales, que impactan de manera aún más aguda a una población indígena dispersa.

Los asentamientos también llegan a ser áreas abarrotadas, y sin información disponibles en lenguas indígenas. Ahí las personas carecen de orientación sobre cómo protegerse a sí mismas y a sus familias del virus.

Además, la violencia de género, en particular violencia contra mujeres y niñas, es uno de los problemas de protección latentes dentro de estas comunidades.

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Una respuesta inclusiva

La Cruz Roja Colombiana, que ha sido testigo del desarrollo de la crisis en múltiples niveles, proporciona clínicas de salud móviles que ofrecen una variedad de servicios, desde medicina general hasta servicios de maternidad, pasando por el monitoreo e identificación de riesgos de protección, particularmente para los niños no acompañados.

Estos equipos especializados incluyen voluntarios de la comunidad Wayuu, quienes facilitan la provisión de cuidados culturalmente apropiados, generando mayor confianza y por ende mejor aceptación de los mensajes sobre la pandemia.

Muchas de estas amenazas y desafíos para los Wayuu, y otras poblaciones migrantes, ya existían antes de la pandemia. Pero su exclusión de los planes de respuesta significa que estos se magnifican aún más.

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Dignidad para los migrantes

Este es un llamado a despertar. Debemos asegurar una respuesta más inclusiva que garantice un trato digno a los migrantes a lo largo de toda la ruta migratoria.

Las autoridades de los lugares de origen, tránsito y destino, así como las organizaciones internacionales y la sociedad civil, deben trabajar de la mano para asegurar que nadie quede fuera de los planes de prevención y vacunación.

Otra lección que nos ha enseñado esta pandemia es que nadie está salvo hasta que todos estemos salvo. Esto requiere una priorización de las poblaciones vulnerables en los planes de respuesta a nivel local, nacional e internacional.

La participación de las comunidades de acogida también es vital. Esta participación es clave no solo para garantizar que las personas puedan integrarse en sus comunidades de llegada, sino también para garantizar que las rutas migratorias sean más seguras.

Existe una necesidad urgente de solidaridad para abordar las devastadoras consecuencias de esta pandemia. Es una crisis que nos ha conectado a todos, pero las desproporcionadas consecuencias humanitarias amenazan dejar atrás a los más vulnerables.

Debemos extender esa solidaridad y nuestra humanidad colectiva para asegurar que nadie sea olvidado.

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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.

* Martha Keays es la Directora de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las Américas.