Por Uriel Naum Ávila

Mientras no exista justicia en la región no podremos hablar de desarrollo, es así de simple, y la contraparte de la justicia es la impunidad, esa que en América Latina gozan varios grupos políticos, empresariales y delictivos. 

La cultura de la ilegalidad es lo que permite que los delitos no sean debidamente investigados ni sancionados, lo que favorece que la impunidad “corra” de México hasta Argentina y viceversa, pasando por el Caribe, dentro de un círculo vicioso de pobreza, corrupción, desigualdad e instituciones de Estado poco sólidas, que se ven aún más frágiles en la era posCovid.

Ejemplos de impunidad abundan en América Latina, y muchos están vigentes en estos días. Tomemos México. El presidente Andrés Manuel López Obrados ha buscado desde el inicio de su gobierno acabar con el “huachicoleo”, que no es más que la extracción ilegal de combustibles por parte de grupos delictivos en zonas donde tienen lugar redes de ductos que llevan gasolina o petróleo, por ejemplo.

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Esto no solo genera pérdidas al país, sino que incluso hoy tiene lugar un “huachicoleo fiscal” que opera de la siguiente forma: gracias a los permisos de importación de combustibles, las ‘empresas’ “huachicoleras fiscales” ingresan diésel y gasolina, pero lo hacen como aceites y lubricantes, con lo que no pagan ni IEPS ni aranceles, y cobran IVA.

Se estima que esto les permite ganar 8 pesos por cada litro de combustible, con lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no estaría percibiendo 15 mil millones de pesos mexicanos al mes.

Y el robo de combustible no ha disminuido, ya que datos de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex  arrojan que se realizaron 1,033 tomas clandestinas en la red en enero pasado. En el mismo mes de 2020 se habrían contabilizado 886, es decir, 147 menos.

Es así como la impunidad se repite en cada país de Latinoamérica y un libro no alcanzaría para ejemplificar los casos ni el daño que hace a los países y al desarrollo de los mismos, impactando negativamente, incluso, en las futuras generaciones. Lo que sintetiza muy bien cómo andamos en este tema en la región son los datos duros.

Ecuador y Perú tienen una impunidad media (con 48.17 y 48. 31 puntos); mientras que países con impunidad alta son Guatemala (49.66 puntos), México (49.67 puntos), Paraguay (53.15 puntos) y Honduras (59.69 puntos), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, de la Universidad de las Américas Puebla.

“Costa Rica es el país de la región con menor grado de impunidad (39.5 puntos); sin embargo, se mantiene en el grupo de impunidad media”, junto a Panamá (42.54 puntos), Colombia (46.88 puntos) y Chile (47.63 puntos).

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La relevancia de acabar con la impunidad en América Latina es urgente; ningún programa contra la pobreza, la reinserción social, a favor de empleo, las mujeres o el medio ambiente, por ejemplo, tendrá éxito en un contexto de tanta ilegalidad, en el que solo unos cuantos se favorecen con el favor de la corrupción y sus redes de apoyo en diversos ámbitos.

*Es periodista de negocios en Latam y consultor en comunicación corporativa.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.