Por Jorge Hurtado

Las tensiones entre el sector público y privado crecen en Nicaragua.

La aprobación de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias para regular a los bancos podría afectar a los usuarios del sistema financiero nacional, el cual incluso se encuentra en peligro de desaparecer, con las consecuencias negativas que traería para la economía.

La ley “pone entre la espada y la pared al sistema bancario; ya que, si ellos cumplen con la ley interna, posiblemente sean afectados a nivel internacional por hacer transacciones con personas sancionadas”, explicó el economista Luis Murillo, quien cree que algunas facultades que otorga la ley son “innecesarias”.

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En peligro de desaparición

Murillo asegura que la reforma da nuevas atribuciones al Banco Central sobre las remesas que llegan al país, que pueden elevar el nivel de riesgo.

Un efecto de ello es que los prestadores de servicio a nivel internacional puedan aumentar la comisión o la tasa de intermediación, cargando el precio sobre los receptores.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) augura que, tras la reforma, Nicaragua podría ser excluida del sistema financiero mundial y “pone en riesgo de que el sistema financiero nacional pueda desaparecer”, declaró Michael Healy, presidente del organismo.

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Advertencias y polémica

El parlamento de Nicaragua aprobó el pasado 4 de febrero la reforma y adición a la Ley 842 o “Ley de Protección de los Derechos de las personas Consumidoras y Usuarias”, pese a la advertencia de los bancos privados de Nicaragua sobre las consecuencias negativas que traería para la economía local.

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) emitió una carta pública a los parlamentarios explicando que “el riesgo país se aumentaría [con la ley], perjudicando a todos los sectores de la población, en especial, a los que reciben remesas del exterior, al sector productivo exportador, y sector comercio, que requieren de un sistema financiero que mantenga una buena relación con los corresponsales extranjeros y los fondeadores externos para desarrollar su actividad”.

La reforma, que ahora define al Estado de Nicaragua como una “persona consumidora” y le da facultades para demandar a los bancos.

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Consecuencias de la reforma

Incluso puede imponer multas bajo su criterio en caso de violar su derecho como consumidor.

Y se aprueba en medio del aumento de tensiones entre el gobierno y la empresa privada nicaragüense, distanciados desde las revueltas sociales de 2018 y a meses de celebrarse las próximas elecciones generales.

Los analistas consultados afirman que el gobierno persigue con esta ley blindarse de las sanciones que ya han recibido al menos 27 funcionarios cercanos a Daniel Ortega.

Estos y empresas vinculadas a su familia y hasta la Policía Nacional, que han sido señalados por “corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos” por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

Derechos en vilo

Estas sanciones internacionales imposibilitan a los bancos a tener relaciones comerciales con las personas o empresas sancionadas.

Según los banqueros, las reformas “transgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor”.

En contrapunto, el diputado Byron Jerez justificó: “Los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros aquí presentes, ni contra nuestros familiares cerrando una cuenta bancaría porque así lo desean, sin darle explicación a nadie”.

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