Por Uriel Naum Ávila

Las crisis económicas, como la actual, son un terreno fértil para que la ‘piratería’ florezca, pues en tanto la gente no tiene recursos económicos, comienza a optar por productos y servicios menos costosos, aunque sepan que no son originales.

En el caso de América Latina, esto sucede principalmente con la ropa, el calzado, la música, el tabaco, el hardware y, algo que la Unión Europea vine advirtiendo, las películas. Desafortunadamente, el combate en la región es desigual, y es en los principales mercados donde más sucede que no se respeten las leyes a la propiedad industrial.

Por ejemplo, en el caso de Brasil la legislación al respecto está muy desarrollada, pero en las aduanas los altos niveles de corrupción, hacen que no pase la prueba de combate a la ilegalidad. En Argentina, en cambio, las acciones contra la piratería suelen traducirse en duros golpes contra la delincuencia.

En el caso de México, se estima que las pérdidas económicas por este hecho representa alrededor de 1.25% del PIB, aunque como sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, no se cuenta con datos fidedignos y mucho menos actualizados, lo que está claro, porque se puede ver en calles donde predomina el comercio informal, es que es una puerta de entrada para la piratería proveniente de china.

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Ya hace unos meses atrás hablábamos en este espacio de un esfuerzo importante para combatir la ‘piratería’ en este último país en la columna que llevó por nombre Innovación, patentes y otros desafíos de desarrollo para Latam, y a la distancia podemos decir que desde que  La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entró en vigor (el 5 de noviembre del año pasado), ya existen algunos avances significativos.

Esta ley protege diseños industriales patentados, como el de las tarimas de madera certificadas, que solo deben rentarse, y contempla sanciones por su compra o venta, que van desde la cárcel, hasta multas de 20 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares).

Otro ejemplo que podrá ser sancionado son los productos “pirata”, como tenis, artículos electrónicos o ropa, que también contempla embargos de negocios o establecimientos, por mal uso de patentes.

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Demandar cualquier mal uso o plagio vía digital, también es posible, y la LFPPI ofrece dos opciones que facilitarán indemnizaciones: se podrá condenar al pago pudiendo cuantificar el monto de indemnización; con esta opción, el titular ya no tendrá que someterse a un procedimiento adicional para ser indemnizado.

La ley dispone que el titular afectado pueda acudir directamente a los tribunales sin necesidad de declaración administrativa previa, lo cual era requerido antes por una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) incrementó a 24 el número de salas regionales donde opera la nueva versión del Juicio en Línea 2.0, que se une a esta iniciativa para facilitar la impartición de justicia digital.

De acuerdo con cifras, el TFJA recibe anualmente 2,000 demandas sobre Propiedad Industrial. Se pretende que la modalidad en línea facilite a inventores, dueños de marcas y diseños industriales patentados la agilización de demandas o denuncias por alteración o abuso a sus creaciones.

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Los anteriores se tratan de avances importantes contra la ‘piratería’, sobre todo considerando la ubicación estratégica que ocupa México en la región y que tiene un impacto logístico relevante. Un aspecto a destacar es la manera en que las herramientas digitales jugaran un papel importante en esta batalla por la legalidad.

Solo falta ver que esto se traduzca realmente en más Investigación y Desarrollo (I+D) por parte de los grande corporativos a nivel regional. Esperemos que los resultados en este aspecto lleguen pronto.

*Es periodista de negocios de Latam y consultor en comunicación corporativa.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.