DW.- “Los sistemas fiscales latinoamericanos tienen problemas crónicos desde hace muchos años”, explica Domingo Carbajo Vasco, economista experto en Derecho Tributario y autor, entre otros, del libro ‘Medidas fiscales ante el COVID-19’. “La pandemia ha vuelto a poner simplemente el dedo en la llaga sobre problemas estructurales previos, los ha agudizado y, además, ha acelerado los procesos”, resume a DW.

Construir un estado del bienestar que amortigüe las crisis económicas y redistribuya la riqueza, al menos, lo suficiente para erradicar la pobreza más extrema requiere presupuesto. “Lo que pasa es que las élites y los grupos de poder iberoamericanos se niegan a hacer una reforma tributaria porque nunca han pagado impuestos… y ya es hora de que paguen algo”, afirma este inspector de Hacienda, que lleva casi quince años trabajando en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria española.

Un completo informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) titulado ‘Los Sistemas Tributarios en América Latina’ ponía hace unos años cifras a la queja del experto español… y de miles de manifestantes latinoamericanos: “En algunos Estados, los más acaudalados pagan entre el 1 por ciento y el 3 por ciento de su ingreso bruto, mientras que, en otros, el porcentaje sube hasta el 10 por ciento”, cuando en Estados Unidos “la contribución de los más ricos es del 14.2 por ciento, y en algunas naciones europeas excede el 20 por ciento”.

Y si los ricos no quieren pagar más impuestos, el resto tampoco. “Nadie está dispuesto a pagar impuestos para que vaya a los bolsillos de los políticos o de altos funcionarios”, admite Carbajo, para quien la reforma fiscal tiene que empezar por una remodelación de las administraciones tributarias que erradique la corrupción y elimine las injerencias políticas. Y, para que sea admitida por la gente, debe venir precedida por un acuerdo social y político amplio, que avale una reforma fiscal que, al final, supone una reforma del Estado y de su papel en la sociedad.

Consenso entre los especialistas

El diagnóstico que hace Carbajo no es nuevo. Los expertos  y las instituciones internacionales, como recientemente la Cepal en su Panorama Social de América Latina 2020, llevan años advirtiendo de la necesidad de una reforma fiscal en Latinoamérica. “No existen recetas universales aplicables a todos los países”, concluía el informe del IEF. Pero, si bien no hay una receta única, lo que sí que hay es algunos ingredientes en los que coinciden todos los expertos.

Las economías de Latinoamérica presentan grandes diferencias de un país a otro, pero los expertos constatan dos características comunes: las enormes desigualdades sociales y la tremenda volatilidad de todos los indicadores macroeconómicos. En la región, las vacas flacas no esperan siete años para aparecer. E igual de erráticos que los resultados económicos, son los ingresos fiscales, que representan un porcentaje pequeño del Producto Interior Bruto en comparación con los de los países más desarrollados.

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“El impuesto más recaudador de nuestro país es el de la renta”, explica José María Mollinedo, secretario general del sindicato español de técnicos de Hacienda, Gestha, “seguido del IVA”. “España tiene una presión fiscal del 34.7 por ciento del PIB, en la Unión Europea el porcentaje es algo superior, un 40 por ciento, y en la Eurozona, el 40.5 por ciento”. En 1990, la carga fiscal media en América Latina y el Caribe era del 15.9 por ciento del PIB. Ahora está en torno al 23 por ciento, “pero en algunos casos ha disminuido en los últimos años”, puntualiza Carbajo.

Y las diferencias también aquí son muy grandes: Guatemala, con un 13.1 por ciento de recaudación fiscal con respecto al PIB, es el país de Latinoamérica con menor presión fiscal. Solo algunos países africanos presentan menos. Le siguen Panamá, Venezuela y México. Pero estos países complementan los ingresos estatales por los procedentes del Canal o del petróleo, respectivamente. En el otro lado del espectro está Cuba, con un 42 por ciento de presión fiscal.

La “miopía” de las élites

Al hecho de que se recauda una cantidad insuficiente de impuestos se añaden problemas como la enorme proporción de economía informal, la corrupción generalizada, la evasión fiscal o la preeminencia de los impuestos indirectos sobre el consumo como el IVA. La ventaja de este, es que es más fácil de recaudar, porque de ello se encargan las propias empresas y comercios. Pero es el impuesto más regresivo, porque merma más el poder adquisitivo de los que menos tienen. Y, también “la existencia de un amplio número de exenciones y beneficios fiscales, que terminan beneficiando a los que más tienen y los que cuentan con mejor asesoramiento”, como lamentaba el informe del IEF.

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También en Europa existen algunos de estos problemas y, prácticamente cada año, hay cambios en la fiscalidad. “La tasa de fraude en España representa entre un 20 y un 25 por ciento del PIB”, o sea, entre una quinta y una cuarta parte de la economía es economía sumergida, explica Mollinedo. “Esto supone 38,000 millones menos de recaudación”, calcula. La intención, según la Estrategia 2050 presentada esta semana por el Gobierno, es reducir esa cifra a la mitad en dos décadas. “Un objetivo muy ambicioso y que nosotros, desde luego, compartimos”.

Pero el sistema tributario europeo está, al menos, diseñado para ser progresivo: que los que más tienen paguen, proporcionalmente, más impuestos. Y se está tratando de mejorar esa progresividad. En Latinoamérica, en cambio, “las élites dirigentes son -en general, que luego hay excepciones- tan miopes, que no están dispuestos a ceder sus privilegios y la única solución que dejan es la revuelta y la confrontación social, como se está viendo, que se va a agudizar nada más terminar la pandemia”, augura Carbajo.

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