EFE.- El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, presentó este martes ante la Fiscalía una denuncia penal por una reunión clandestina de vacunación ilegal contra COVID-19 descubierto en un local comercial de la capital del país.

La vacunación ilegal en Panamá fue denunciada por el diario La Prensa, que publicó este martes un informe elaborado a partir de las observaciones logradas por una de sus periodistas, quien se infiltró en un edificio comercial situado en un barrio acomodado de la capital, donde se estaba aplicando supuestamente el preparado de Pfizer a cerca de una veintena de personas que la habrían comprado.

Las vacunas anticovid están aprobadas en todo el mundo solo para “uso de emergencia”, por lo que su comercialización no está permitida y solo los Estados pueden adquirirlas y distribuirlas, recordaron las autoridades de Panamá. En este país la vacunación contra el coronavirus es pública y gratuita, y de momento se realiza solo con los preparados de Pfizer y AstraZeneca.

“No podemos decir si (las supuestas vacunas aplicadas en el centro clandestino) eran Pfizer, AstraZeneca, si eran vacunas reales o de dónde venían. No hay una sola empresa privada que haya entregado documentación completa para traer vacunas a Panamá”, dijo Sucre a los periodistas a su llegada a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

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Este mismo martes, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) ordenó una “investigación urgente” sobre la vacunación ilegal en Panamá: “seremos enérgicos y se sancionará a quienes resulten responsables de este delito”, agregó en su cuenta de Twitter.

El director regional de Salud del área metropolitana, Israel Cedeño, dijo por su parte que se desconoce el origen de las vacunas inoculadas de manera clandestina, si fueron extraídas ilegalmente del Minsa o si se trata de falsificaciones, aunque destacó que los controles oficiales de las vacunas son férreos y se contabiliza cada una de las dosis disponibles.

Este no es el primer escándalo en torno a la vacunación contra COVID-19 en Panamá, ya que se han denunciado inoculaciones a funcionarios del Estado, familiares y allegados fuera del cronograma oficial dividido en fases, aunque finalmente estos operativos contaban con el aval oficial, según las propias autoridades.

Panamá, que inició el pasado 20 de enero un programa nacional de vacunación contra el COVID-19, ha recibido alrededor de 1.4 millones de vacunas. De ellas, 314,400 son de AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el resto son de Pfizer, el principal proveedor del país.

La vacuna de Pfizer se aplica a mayores de 60 años, a personas con enfermedades crónicas y grupos prioritarios establecidos en un plan de vacunación de cuatro fases, mientras que la de AstraZeneca se aplica a hombres y mujeres mayores de 30 años que se inscriban como voluntarios en un registro. 

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