La crisis sanitaria por el COVID-19 ha incidido en el incremento del número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en Latinoamérica. En efecto, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al cierre de 2020, la región tenía 209 millones de personas pobres, lo que significó un incremento de 22 millones de personas respecto a 2019. 

En entrevista con Forbes, Carolina Trivelli, economista peruana y asesora regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), analiza los nuevos retos que enfrentan los gobiernos de América Latina para aliviar esta problemática social en un escenario de pandemia y recuperación económica. Es enfática sobre un asunto: volver a los niveles del 2019 no debería ser la meta. 

¿Qué nuevos retos representa la pandemia ante el incremento de la pobreza en América Latina? 

Hay dos problemas relevantes a destacar. Para empezar, esta megacrisis afecta a la pobreza no en el momento en que la pobreza estaba cayendo de manera sustantiva, sino más bien en un momento en el cual la reducción de la pobreza estaba estancada. Eso revelaba que los mecanismos que habían sido exitosos para reducir la pobreza a inicios de la década se habían agotado.

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Lo segundo es que las políticas de lucha contra la pobreza van a enfrentar desafíos distintos, porque el grueso del impacto ha sido en las zonas urbanas. A pesar de eso, la pobreza rural sigue siendo el doble de la pobreza urbana. Hay un riesgo muy grande de que la pobreza rural pierda atención de los estados a pesar de mantenerse en estos niveles altísimos.

¿A través de qué tipo de políticas cree que es posible enfrentar este escenario? 

Primero, tenemos que reconocer que una parte importante de la pobreza, sobre todo la urbana, es temporal. Una vez que se reactiven las economías –dado su carácter informal– la recuperación de ese empleo de baja calidad va a ser rápida también.

Desgraciadamente, sabemos que no todos [se van a recuperar rápidamente], porque han caído en pobreza y se han descapitalizado. En este caso, [se requiere] una intervención urgente, pero temporal, acotada en el tiempo, hasta que las previsiones de crecimiento económico –que son bastante positivas– se concretan.

Se requieren no solamente de programas sociales, sino especialmente de intervenciones complejas, como transporte público, que es algo que golpea mucho la economía de las personas más pobres. También se requiere habilitación urbana, seguridad y espacios de mercado accesibles para las personas de bajos ingresos. 

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En el caso de la población rural, tenemos dos desafíos. Por un lado, si la mitad está mal, hay que hacer políticas que le lleguen a todos. Necesitas políticas de corte general y no focalizadas. Lo otro es que la pobreza rural subió menos que la pobreza urbana, porque el sector agropecuario –sobre todo el productor de alimentos– fue el más resiliente durante la crisis. No se detuvo. Para comenzar, porque hubo un asunto estacional: ya habían sembrado antes de la crisis y cuando vino, tenían que cosechar. La gente en las ciudades bajó su consumo, pero tenía que comer y se vendió casi todo o te comiste lo que produjiste.  El problema es que, por esa estacionalidad, parte del efecto de crisis de la COVID-19 se va a ver recién en el 2021. Entonces, tenemos que adelantarlos y asegurarnos que las políticas de atención al mundo rural incluyan ese componente. Eso exige estrategias diferenciadas para lo rural y lo urbano.

¿Cuánto se ha deteriorado la seguridad alimentaria en la región durante la pandemia? 

En julio, la FAO publicará su panorama de la seguridad alimentaria. Allí tendrán los datos, pero se ha deteriorado sin duda. Venimos de una década en la que nos hemos ocupado de distintos problemas de malnutrición: desnutrición crónica infantil, anemia, sobrepeso, obesidad. Hoy toca mantener la preocupación sobre esos problemas de malnutrición, pero retomar la agenda de hambre. Es decir, asegurar desde los sectores públicos que los ciudadanos y ciudadanas, que los niños y las niñas, tengan acceso mínimo a una canasta no solo suficiente sino saludable.

Ese de nuevo es el desafío. Toca a los Estados ocuparse del hambre y ser capaces de asegurar iniciativas que permitan a la población obtener los alimentos que necesitan. A ello deben agregarle el desafío de que sean alimentos saludables, que no incrementen los problemas de malnutrición que ya veníamos enfrentando. En la región, el sobrepeso y la obesidad ha venido creciendo a tasas impresionantes y el costo de salud pública es enorme. 

Esta megacrisis afecta a la pobreza no en el momento en que la pobreza estaba cayendo de manera sustantiva, sino más bien en un momento en el cual la reducción de la pobreza estaba estancada“.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que los niveles de ingresos per cápita prepandemia se recuperarán hacia el 2023. ¿Qué perspectivas aporta este pronóstico de cara al alivio de la pobreza en la región? 

Estamos retrocediendo a la situación de hace 10 años en los indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Por supuesto, esto se va a recuperar relativamente rápido por el gran componente urbano de esa pobreza, pero no del todo automáticamente.

Muchas de las personas que cayeron en pobreza, van a requerir más que un empleo para salir de esa condición. Sobre todo hogares conducidos por mujeres que han perdido su fuente de empleo, pero también capital social, pues no saben cuándo volverán a trabajar y cuándo sus niños retornarán a la escuela. Eso alarga el proceso.

Los niveles de ingresos per cápita se van a ir recuperando más rápido en lo urbano que lo rural, porque la estacionalidad rural hace que los ciclos de rezago sean más largos. Si se logra recuperar el nivel ingreso per cápita en el 2023, en el mundo rural se requerirá seguro (hasta) el 2024, para regresar a donde estábamos. Insisto en que no estábamos en una situación súper deseable, en la ruta correcta. Estábamos en una situación de estancamiento de los niveles de pobreza. 

¿Qué oportunidades hay para generar empleo formal en este proceso de transformación al que apela? 

El desafío de América Latina es lograr que el proceso de recuperación económica traiga un proceso de transformación de lo informal a formal, de lo desprotegido a lo protegido, de lo desconocido a lo conocido, de lo imprevisto a lo que es posiblemente atendible con previsión, más resiliente. Pero es también una oportunidad de reconocer esas fallas estructurales que tenemos en la región asociadas a las múltiples desigualdades que interactuaron juntas y que hacen que un problema como la pobreza rural sea un fenómeno persistente que afecta a uno de cada dos habitantes rurales.

Eso sucede no porque están en el mundo rural, sino porque no tienen infraestructura, la educación que reciben es de menor calidad y están menos atendidos que otros pobladores. Esta recuperación debería ser la oportunidad de transformar esa situación. Hay que ver si es que vamos a poder dar la talla como región para no llenarnos de orgullo porque nos recuperamos rápidamente con el crecimiento del PBI, sino porque usamos esa recuperación para hacer esas transformaciones que nos hagan una región más sostenible

¿Qué retos plantea el cierre de escuelas para la erradicación de la pobreza? 

El desafío más urgente es lograr que los niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela. La escuela es un lugar importante para las poblaciones en mayor situación de pobreza, porque no solo es un espacio de aprendizaje, sino un espacio de interacción, seguridad, alimentación y acceso a la salud, en muchos lugares. 

Los niños, en ausencia de la posibilidad de asistir a la escuela, están teniendo un doble impacto de la pandemia: los impactos de todos más el impacto de no poder recibir este servicio que los relaciona con un conjunto de otros servicios. Lo segundo es que tenemos que asegurar que la vuelta a los sistemas educativos sea capaz de garantizar que los estudiantes no se queden fuera, ni durante la crisis ni durante el regreso. 

¿Qué rol tiene la vacunación contra la COVID-19 en la lucha contra la pobreza? 

La vacunación es importante para que haya la reactivación, pero también para asegurar que la puerta de entrada a esa reactivación nos permita a todos contribuir con ella y beneficiarnos de ella. Sin acceso igualitario, masivo y gratuito a las vacunas no solo no vamos a poder reactivar a la velocidad que necesitamos la economía, sino que vamos a dejar fuera de ese proceso de reactivación a aquellos grupos que no puedan llegar a la vacuna.

Se están renovando las autoridades en varios países de América Latina. Para aliviar la pobreza, ¿cuál debería ser la ruta para los gobiernos? 

Primero, una prioridad central es el tema de pobreza y hambre. Las medidas de corto plazo de cualquier nuevo Gobierno en la región van a tener que poner en el centro de sus prioridades la lucha contra la pobreza y el hambre. No hacerlo sería un error garrafal.

Lo segundo es que hay que comenzar a pensar en políticas de transformación, que nos permitan iniciar un proceso de cambio más profundo que solo políticas de corto plazo. Eso es complejo de lograr porque los plazos que se requieren por lo general exigen más de un período gubernamental. Por lo tanto, hay que volver a tener esas discusiones sobre políticas de Estado asociadas a las necesidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), por ejemplo.

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Cuando se acordaron los ODS en el 2015 era poco posible imaginar una pandemia de la magnitud que estamos experimentando. ¿Cree hoy que se pueden alcanzar las 169 metas que establecen los ODS al 2030 en América Latina? 

[La pandemia] ha desnudado nuestras debilidades estructurales y nos ha alejado de nuestras posibilidades de cumplir los ODS. Las posibilidades de alcanzarlos se reducen. No se hacen imposibles, pero exigen un esfuerzo mucho mayor. Ese es el desafío: retomar el sentido de urgencia en las acciones para combatir pobreza, hambre y desigualdad en América Latina.

Por Manuela Zurita