EFE.- Los casos de violencia en el contexto electoral de Nicaragua están creciendo y alcanzaron la cifra de 721 hasta mayo pasado, para promediar más de 90 hechos violentos por mes desde octubre pasado, adicionales a los recientes arrestos de aspirantes a la Presidencia por la oposición, informó este miércoles el grupo independiente Urnas Abiertas.

De acuerdo con el informe, un total de 119 casos de violencia en el marco de las elecciones generales de noviembre próximo ocurrieron en los últimos 15 días de mayo pasado, cerca de uno cada tres horas, casi todos en Managua.

Los actos violentos más frecuentes registrados por Urnas Abiertas son los hostigamientos (468), seguidos por agresiones (73), detenciones (48), retenciones (48), amenazas (40), acusaciones judiciales (26) y lesiones o heridas (18).

Los hechos de violencia política fueron “realizados en un 90,56 % por la Policía Nacional”, destacó el informe.

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Urnas Abiertas indicó que la violencia se recrudeció a partir del 11 de mayo pasado, cuando el Consejo Supremo Electoral divulgó el calendario del proceso electoral, que tendrá su día principal el 7 de noviembre próximo, durante la jornada de votaciones.

“A partir de esa fecha, se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado de Nicaragua contra voces disidentes, focalizándose en esta nueva oleada represiva contra personas precandidatas presidenciales y a diputaciones, así como liderazgos opositores, en forma de persecución judicial”, detalló el observatorio.

El informe incluyó un “análisis de contexto”, que detalló los arrestos de al menos 13 figuras políticas nacionales que se oponen al objetivo del presidente Daniel Ortega, de una tercera reelección, para un cuarto periodo consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Urnas Abiertas reportó los arrestos de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, así como de los exvicecancilleres José Pallais y Víctor Hugo Tinoco, la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, más nueve “liderazgos opositores” y dos empleados de una ONG dedicada a la libertad de expresión. La captura de un banquero ocurrida la noche del martes no apareció en el reporte.

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El observatorio indicó que el Gobierno de Ortega ha utilizado al menos cuatro leyes para ejecutar los arrestos, incluyendo una contra el lavado de dinero, otra que sanciona violaciones a la soberanía, una más que condena  los “ciberdelitos”, y la reforma al Código Procesal Penal, que encierra a los investigados hasta por 90 días. Las tres últimas fueron establecidas en medio de críticas, por quienes las consideran “incontitucionales”.

El incremento de la violencia política se mantiene cuando faltan menos de cinco meses para unas elecciones en las que Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política de Nicaragua.

El país centroamericano vive una profunda crisis sociopolítica desde el estallido contra Ortega en 2018, que fue anulado con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, y que el presidente calificó de un “golpe de Estado fallido”. 

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