Por Uriel Naum Ávila
Hace 6 años Nicaragua era un ‘cuento de hadas’. El país crecía a una tasa de 5%, se vislumbraban grandes proyectos como el del Canal Interoceánico que se pretendía construir con capital chino y los empresarios, al menos varios de los de mayor peso, estaban felices compartiendo con el gobierno de “izquierda” los frutos de la revolución.

En esos años, la imagen de Nicaragua afuera era tan positiva, que incluso en las reuniones empresariales de otros países estaban presentes militares nicaragüenses de alto rango buscando hacer negocios colaborativos.

Para la misma izquierda latinoamericana, o parte de ella, el gobierno de Daniel Ortega era tomado como un referente de progreso social, pese a tener aliados importantes entre los empresarios del país. Pero la ambición por el poder terminó por derribar el castillo de naipes.

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La intención de postergarse en el poder de parte de la familia Ortega, donde Rosario Murillo parece jugar un papel relevante en ello, ha llevado a una serie de atropellos en ese país. En el pasado reciente podemos encontrar muchos ejemplos, pero basta echar un vistazo a lo que sucedió días atrás para darnos cuenta de la compleja situación.

Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), fue detenido y, junto con él, son investigados más de una decena de exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Otros rostros conocidos del empresariado que están en la mira del gobierno son José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo. Se les acusa de incitar a la injerencia extranjera y financiar actos terroristas.

Lo más aberrante fue el arresto domiciliario impuesto a Cristiana Chamorro, periodista e hija de Violeta Barrios Chamorro, quien en 1991 venció en las urnas al primer gobierno de Daniel Ortega. Todo esto después de dar a conocer su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Su delito, según el gobierno de Nicaragua, lavar dinero, bienes y activos y “falsedad ideológica”.

Pero las detenciones no para ahí. Incluso, algunos sandinistas como las ex guerrilleras Dora María Téllez y de Ana Margarita Vigil Guardías fueron detenidas, al igual que Hugo Torres, general en retiro y disidente sandinista.

El conflicto ha escalado a la Organización de Estados Americanos (OEA), por petición de Brasil, Canadá, Chile Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Este último país sancionó en junio pasado a Camila Ortega Murillo, hija del presidente de Nicaragua, después de los arrestos en contra de la oposición que comenzaron a suceder a mediados de año.

El gobierno de Estados Unidos también ha comunicado que “no se permitirá que gobiernos dinamiten la libertad y la democracia”, refiriéndose claramente al país centroamericano. Mientras tanto, en el lado Norte, México, y en el lado Sur, Argentina, emitieron un comunicado conjunto haciendo notar su preocupación por lo que sucede en Nicaragua, pero rechazando cualquier intento de intervención extranjera.

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Es evidente que Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo y que no le importará pasar sobre quien sea para lograrlo. El problema que esto refiere no solo es interno, sino también entre países latinoamericanos, y si nos vamos un poco más lejos, con Estados Unidos, China y Rusia.

Con sus aspiraciones, Daniel Ortega no solo está a punto de encender una mecha de proporciones expansivas, sino que también dinamita el sueño de justicia social y desarrollo que despertó en Latinoamérica. Los resultados no pueden ser más que negativos.

*El autor es periodista de negocios de Latam y consultor en comunicación corporativa.

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