EFE.- Latinoamérica no es solo la región del mundo cuyos ciudadanos manifiestan un mayor descontento con sus gobiernos, sino también la que ha visto aumentar más esa frustración y detrás está, según la OCDE, la “trampa de la vulnerabilidad social”, que corre el riesgo de agravarse con la crisis del COVID-19

“Antes de la pandemia ya teníamos un descontento social en varios países de la región” porque en paralelo al crecimiento económico de las últimas décadas y de la expansión de las clases medias había “unas expectativas mayores de los ciudadanos”, explicó este martes a EFE Sebastián Nieto Parra, economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El problema -agregó- es que en los últimos años esa progresión económica se ha estancado y, sobre todo, lo que ha emergido es “una clase media vulnerable” en la que sus miembros en muchos casos tienen un empleo informal y sienten que no tienen seguridad en servicios que consideran básicos, como la educación y la sanidad.

Su disposición a la hora de pagar impuestos es baja y cuando los gobiernos tratan de poner en marcha reformas fiscales para poder disponer de más fondos para esos servicios públicos, hay bloqueos.

“Con la pandemia, esto se ha reforzado”, avisa. Una advertencia que cobra relieve cuando se observan las protestas sociales de Colombia en los últimos meses.

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Nieto Parra, que es jefe de la unidad para Latinoamérica en el Centro de Desarrollo de la organización, analiza así algunas de las particularidades de la región, ya conocidas, que quedan en evidencia en la edición de este año de las Perspectivas del Desarrollo Global.

Se trata de un informe que se presenta formalmente este martes y que examina las causas del descontento en los países en desarrollo y las posibles respuestas.

En 2018, solo un 31% de su población de la región latinoamericana tenía confianza en su gobierno, el menor porcentaje en todo el mundo: en la OCDE era del 38% y en el sureste asiático llegaba al 79%.

Además, Latinoamérica era también la región donde esa confianza había caído más desde 2006: 13 puntos porcentuales, frente a cuatro de media en la OCDE. Eso contrasta con el aumento de 15 puntos en el sudeste asiático en ese mismo periodo.

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Los autores del informe constatan que durante los años 2000 las protestas sociales han sido más frecuentes, no en los países más pobres, sino en los de ingresos medios.

Y los que más se han movilizado han sido miembros de las clases medias, que se conforman menos y que gracias a su educación, superior a las de las generaciones precedentes, disponen de instrumentos para alzar la voz.

Esos movimientos, que muchas veces operan al margen de los partidos políticos tradicionales y sin un liderazgo claro, reclaman cambios sistémicos. El ejemplo que dan son las protestas de Chile en 2019 para reclamar una nueva constitución.

La OCDE, que en septiembre publicará su informe de perspectivas sobre Latinoamérica en el que profundizará en estas cuestiones, considera que “hay que repensar el contrato social” y un punto muy importante en esa región es la formalidad del empleo.

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El economista del Centro de Desarrollo hace notar que “el proceso es tan importante como los elementos de este nuevo contrato social que se necesita”. Eso significa que hay que “generar consensos” y “un esquema participativo”.

Asegura que no hay que desesperar, que “hay buenas noticias” ya que “con la pandemia varios países pudieron reaccionar rápidamente” con programas de ayuda a la población más vulnerable que al menos han permitido evitar un aumento de la pobreza todavía mayor.

A su juicio, hay que “aprovechar esta crisis para generar una recuperación inclusiva y sostenible” en la que estén implicados todos los actores sociales. 

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