Por César Addario Soljancic

Centroamérica es una región rica en recursos naturales, incluidos los hídricos. El istmo tiene un importante territorio compuesto por cuencas de ríos y lagos, y kilómetros de franjas oceánicas por desarrollar y proteger. Para este doble propósito, los bonos azules constituyen una opción más que adecuada.

Los bonos azules son instrumentos de deuda que están ligados al desarrollo o ampliación de proyectos que tienen que ver con el agua, con las costas, con las cuencas hídricas, siempre y cuando dichos proyectos tengan un componente importante de sostenibilidad, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La protección de los recursos, que antaño era opcional, e incluso considerada un valor agregado, es ahora una condición.

Cuando un gobierno, institución o empresa privada emite un bono azul, está asumiendo un compromiso que va más allá de lo financiero y se fusiona con el objetivo de sostenibilidad en todas las etapas del proyecto. A cambio, el mercado lo “premia” con tasas preferenciales, con plazos y condiciones favorables, que están sujetas a la revisión del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Pese a que son un instrumento relativamente nuevo, están ganando notoriedad a nivel mundial, y sobre todo, en la región latinoamericana. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento en el que destacaba el enorme potencial de estos papeles como instrumento financiero para la protección de los océanos y de los cuerpos de agua.

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Centroamérica cuenta con biodiversidad, y a su vez, con necesidades económicas importantes. La pandemia ha dejado a la región con brechas fiscales y con necesidades de recursos no solo para hacer frente a la crisis sanitaria iniciada en 2020, sino para fortalecer su resiliencia, ya que es una de las áreas del mundo más vulnerables a cambio climático. Esto quedó en evidencia el año pasado, cuando a mediados y finales de 2020 sendas tormentas tropicales dejaron cuantiosas pérdidas económicas y humanas.

Los bonos azules constituyen un espacio de encuentro, dentro de los mercados globales, para aquellos inversores interesados en aportar a la consecusión de los ODS, con aquellos proyectos que prueben cumplir con dichos objetivos, en lo que al agua se refiere. Actualmente hay cuatro emisiones de bonos azules en China, Finlandia y las islas Seychelles.

Los países centroamericanos tienen una proporción importante de su territorio soberano en área oceánica, y una parte importante de su población vive en la costa. En el caso de las naciones del Caribe, se trata de la totalidad de sus habitantes, quienes desde antes de la crisis del COVID-19 contaban con necesidades de desarrollo evidentes, y cuya vulnerabilidad se ha visto ahora exacerbada.

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Solo volver a los niveles de inversión pública previos a la pandemia podría costarle a Centroamérica y el Caribe unos US$30 billones, y muchos de estos países tienen limitaciones importantes en cuanto a acceso a financiamiento, por sus condiciones fiscales previas a la crisis. Los bonos azules son opciones viables, novedosas y que responden a las necesidades particulares del desarrollo de los literales y cuencas del istmo.

Desde esta perspectiva, los proyectos vinculables a los bonos azules van desde el desarrollo portuario, hasta el turístico, y la adaptación de la infraestructura de la zona costera para volverla menos vulnerable ante el cambio climático. El acceso al agua potable y la instalación de sistemas de aguas servidas son un reto importante en casi todas las zonas costeras de la región. Es una ventana interesante y favorable, en la que pueden entrar proyectos novedosos y creativos que respondan a la necesidad de protección y sostenibilidad de los recursos hídricos del área.

*Experto en estrategias de Deuda Soberana de los Mercados Emergentes en América Latina.

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