EFE.- La Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua se ha convertido en un “instrumento al servicio” del presidente Daniel Ortega y ha estado ausente ante el deterioro democrático de ese país, denunció este martes la presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, la costarricense Catalina Crespo.

Crespo, también Defensora de los Habitantes de Costa Rica, emitió un pronunciamiento en el que afirma que “el régimen del presidente Ortega ha utilizado tanto a la Procuraduría de DDHH como al Congreso de la República de ese país, como instrumentos al servicio de un poder tiránico que desdibuja la división de poderes y la independencia de las instituciones que garantizan la democracia, la cual dejó de existir en Nicaragua”.

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La procuradora aseguró que en Nicaragua hay una “ausencia de acciones de protección de los derechos de las y los nicaragüenses en el contexto de la crisis de gobernabilidad autoritaria” y la falta de independencia de la Procuraduría de ese país violan los Principios de Venecia que establecen estándares mínimos para la operación de estas instituciones.

“Dichos principios han sido sistemáticamente incumplidos en el caso nicaragüense, en razón del rol progubernamental que ha asumido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que abandonó su rol de entidad nacional de derechos humanos para convertirse en un apéndice político del régimen del presidente Ortega”, señaló Crespo en su pronunciamiento.

La procuradora agregó que la declaratoria de ilegalidad que el Gobierno de Ortega aplicó a más de 55 organizaciones no gubernamentales e inhabilitar partidos políticos de oposición con miras a las elecciones de noviembre próximo, suponen “un golpe de gracia a la participación política, libre e independiente, del pueblo nicaragüense”.

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“En estos tiempos de crisis de los organismos nacionales de derechos humanos, nuestras instituciones son aún más necesarias que nunca para garantizar el balance y los contrapesos que caracterizan el sistema democrático de gobierno y la rendición de cuentas de los gobernantes ante los gobernados”, dijo Crespo.

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 dirigentes políticos opositores, entre ellos siete que expresaron su intención de competir por la Presidencia en los comicios de noviembre, así como profesionales independientes.

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Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.