EFE.- El Gobierno panameño dio inicio este miércoles a las negociaciones para un nuevo contrato con la empresa Minera Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), que explota una gran mina de cobre con una inversión de más de 6.000 millones de dólares.

La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, pero desde 2018 enfrenta una controversia legal a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el decreto-ley que avala la concesión.

El ministro panameño de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, dijo en la instalación de la mesa de negociaciones que el actual Gobierno ha diseñado una estrategia destinada a “elevar sustancialmente los ingresos de este rubro de explotación”.

Ello, considerando los principios establecidos en los contratos extractivos para multinacionales, como lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El contrato firmado por la empresa y el Estado, con vigencia hasta 2037 y afectado por el fallo de inconstitucionalidad, establece una regalía del 2 % y el ministro Martínez ya dijo el pasado julio que en la nueva negociación el Gobierno buscará “incrementar las regalías y tener un esquema de impuesto sobre la renta acorde a lo que hoy en día es lo normal en las operaciones mineras a nivel mundial”.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo el martes que el país “tiene que recibir ingresos sustanciales justos por la extracción de sus recursos minerales, y que las operaciones de dicha extracción se realicen de acuerdo a las mejores prácticas establecidas para la minería por la comunidad internacional”.

Ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, la mina Cobre Panamá es la “inversión privada más grande del país”, destaca el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Sus operaciones aportan un 3,5 % al producto interno bruto (PIB) y benefician a alrededor de 39.000 familias panameñas a través de empleos directos e indirectos, según la información oficial.

Minera Panamá dijo este miércoles en un comunicado que confía “en que el proceso que se inicia hoy será franco, robusto, exhaustivo y transparente de cara al país”.

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“Esperamos una negociación en la que se respeten de igual manera los mejores intereses del Estado y nuestros derechos adquiridos como empresa”, añadió.

Este proceso de negociación está envuelto en la polémica. Los sectores ambientalistas han exigido que la explotación de la mina de cobre cese hasta tanto la empresa cumpla con sus compromisos ambientales.

Según datos aportados por el Ministerio de Ambiente, se abrieron 15 procesos administrativos a Minera Panamá por faltas ambientales entre 2012 y 2020, período en el que la empresa incurrió en alrededor de 200 infracciones al medio ambiente.

Los ambientalistas además han criticado que el Gobierno designó para la negociación con Minera Panamá una comisión de alto nivel en la que no hay técnicos en materia ambiental.

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Esa comisión, que cuenta con el apoyo de asesores internacionales, la conforman varios ministros, entre ellos Martínez, quien la coordina, pero ya uno de sus miembros, el veterano diplomático Marcel Salamín, renunció alegando irregularidades que avivaron la polémica en torno a este asunto.