EFE.- Organizaciones de la sociedad civil demandaron al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 1 de mayo, informaron este viernes representantes de las entidades.

La Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024 y de amplia mayoría oficialista votó, como una primera acción, la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, con los que el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.

Zaira Navas, representante de la organización humanitaria Cristosal, dijo en una conferencia de prensa que se solicita a la CIDH, que una vez se realice el análisis correspondiente, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos.

Además, se pide que, si es necesario, el caso se eleve a la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH).

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“Las formas atropellas que dieron lugar a esta decisión apunta a que fue una maniobra del oficialismo para cooptar a la Sala de lo Constitucional que había señalado, en reiterada ocasiones, la actuación inconstitucional del Ejecutivo”, apunta un comunicado.

Estados Unidos y diferentes organismos, como la ONU y la Unión Europea (UE), hicieron sonar las alarmas ante el riesgo de que el presidente Nayib Bukele concentre en su figura y en la de su partido todos los poderes del Estado.

Bukele, a pesar de que la decisión no está entre sus atribuciones constitucionales, dijo que la medida de destituir a los magistrados es “irreversible”.

ADVIERTEN DE OTRA DEMANDA

La letrada Ruth López señaló en la misma conferencia de prensa que si el decreto con las reformas aprobado por el Congreso de El Salvador que cesan a los jueces sexagenarios es publicado en el Diario Oficial demandarán al Estado.

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“Anunciamos que si el decreto aprobado esta semana, que modifica la Ley de la Carrera Judicial, llega a ser publicado en el Diario Oficial inmediatamente estaríamos en condiciones de presentar una denuncia en defensa de la independencia judicial y en defensa, además, de los derechos de la ciudadanía”, reiteró López.

La abogada subrayó que “esta situación vulnera, no solo los derechos de los jueces, sino también de la ciudadanía al generar jueces a la medida para el conocimiento de casos que se puedan presentar por parte del Ejecutivo”.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, votó el martes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que cesan a los jueces y fiscales con 60 años cumplidos para supuestamente depurar el sistema judicial y el Ministerio Público, medida que la oposición señaló de ser una “violación a la independencia judicial”.

Ambas propuestas de reformas fueron introducidas a la sesión plenaria con dispensa de trámite por legisladores del partido oficialista Nuevas ideas (NI) y fueron aprobadas sin mayor debate parlamentario.

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La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.