EFE.-  El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dictó este lunes un decreto que prohíbe a empresas de redes sociales remover contenidos en forma “arbitraria”, una de las demandas de la ultraderecha que protestará en todo el país para este martes.

Según el texto, eso garantizará la “libertad de expresión en las redes sociales” y responde a la “remoción arbitraria” de contenidos y perfiles, como le ha sucedido al propio mandatario, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por falsedades.

El decreto deberá ser analizado en un plazo de 60 días por el Congreso, que pudiera vetarlo, pero mientras no se pronuncie estará en vigor a partir de este lunes.

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De acuerdo con el texto, publicado en el Diario Oficial, las empresas de internet sólo podrán remover contenidos con una “justa causa” y primero deberá ofrecer a los usuarios un canal para ejercer una “amplia defensa” antes de que alguna decisión sea tomada.

Asimismo, prevé el “derecho” a la “restitución de contenidos”, sean textos, imágenes o videos para los usuarios de las redes.

Según el Gobierno, la retirada de contenidos decidida sólo por las empresas de internet “perjudica el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía”, lo cual configura “una violación en masa de derechos y garantías fundamentales”, entre las cuales cita “la libertad de expresión”.

Las manifestaciones convocadas para este martes, alentadas por el propio Bolsonaro, tienen la “libertad de expresión” en su lista de demandas, que en ese caso se vinculan a la reciente detención de activistas ultraconservadores acusados de difundir noticias falsas y amenazas contra las instituciones democráticas.

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Bolsonaro figura entre las personas que son investigadas por la Corte Suprema en un proceso referido a “ataques a la democracia” a través de las redes sociales, que ha llevado a la cárcel a varios de sus seguidores.

Los detenidos están acusados de orquestar actos antidemocráticos e intentar minar la confianza de la sociedad en las instituciones del país.

Algunos figuran entre los organizadores de las manifestaciones convocadas para este martes, para cuando, los más radicales, han instado a “invadir” las sedes del Parlamento y la Corte Suprema o incluso han sugerido el asesinato de jueces y políticos opositores.

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Esos grupos ultras también exigen una “intervención militar” que clausure el Congreso y el Supremo con Bolsonaro en el poder, lo que el Parlamento, la Justicia, los empresarios, la banca y diversos organismos sociales han denunciado como un claro intento de golpe y aclarado que no aceptarán una ruptura democrática.