Por Miguel Collado Di Franco

La noticia de que El Salvador asumirá el bitcoin como moneda de curso legal acaparó la atención de los medios de comunicación relacionados con economía y negocios en junio pasado. De primera impresión, la legislación impulsada por el presidente Nayib Bukele fue acogida de forma positiva por muchos, sobre todo los miembros de la comunidad global que apoya el uso de criptomonedas. Sin embargo, la llamada Ley Bitcoin tiene problemas que nacen en su artículo 7, el cual expresa que “[T]odo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio.” Es decir, la legislación establece la imposición del bitcoin como moneda de uso obligatorio.

La competencia entre monedas es sana. Puede llevar a un banco central a diseñar una política dirigida a mantener el valor de la moneda fiduciaria que emite ante las demás. Permitir que otras monedas sean empleadas libremente en un país es una medida positiva. En cambio, hacer de uso forzoso una moneda es una medida que va en contra de la misma libertad de poder intercambiar voluntariamente bienes y servicios en las condiciones que mejor les parezcan a las partes. En consecuencia, el mérito que pudo haber tenido la legislación desaparece con el artículo 7.

Sigue la información sobre la economía y el mundo de los negocios en Forbes Centroamérica

La alta volatilidad del bitcoin es una razón que de seguro impulsó a la administración del presidente Bukele a imponer su uso forzoso. Los instrumentos conocidos como criptomonedas no han sido ampliamente aceptados como medio de intercambio por las grandes fluctuaciones que suelen tener en periodos de pocos días y, en ocasiones, de horas. Esta volatilidad ha llevado a incluir en la ley la creación de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo del El Salvador (BANDESAL) con el propósito de garantizar “la convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar[…]”.

Si este instrumento digital tuviera méritos propios para ser acogido como moneda por la mayor parte de la ciudadanía salvadoreña, no habría sido necesario incluir el artículo 7, el 8 y el 14; este último que crea el fideicomiso en el BANDESAL. Un fideicomiso que tendrá que ser financiado con dinero de los contribuyentes es un elemento que aumenta la antipatía hacia el experimento monetario.

En una época en que los ciudadanos de los diferentes países emplean distintas monedas para realizar sus transacciones, no vemos necesario convertir el bitcoin en una moneda de curso legal. Y menos hacer su uso obligatorio. La inclusión financiera o monetaria es algo que surge de forma espontánea en una sociedad. Si las personas se dan cuenta de los beneficios de un instrumento de pago o moneda, empiezan a adoptarlo, sin necesidad de imposición. Algo que, de una forma u otra, ya estaba sucediendo en El Salvador y en otras economías de la región.

Le invitamos a seguir nuestra página de Facebook

En República Dominicana tenemos el peso como moneda de curso legal. Sin embargo, existe libre convertibilidad de monedas, un concepto que debería incluir instrumentos electrónicos como el bitcoin. Aunque en el país se realizan transacciones en criptomonedas entre privados y existen cajeros de estas monedas, la autoridad monetaria ha tratado, mediante comunicados, de desincentivar su uso. Sin embargo, la realidad es que la adopción de las criptomonedas irá en aumento con el tiempo. Mientras tanto, es necesario observar el experimento de El Salvador y aprender las lecciones positivas que pueda aportar.

*El autor es Vicepresidente Ejecutivo de CREES.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.